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El Gobierno aprueba finalmente la Reforma de la Formación Profesional para el Empleo

Patronal y sindicatos esperan que “las carencias de la propuesta del Gobierno se subsanen en el trámite parlamentario”

Noticia del sector

El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes 20 de marzo, el Real Decreto-Ley para la reforma urgente del Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, que viene a sustituir al Real Decreto 395/2007, que regulaba hasta ahora el subsistema de Formación Profesional para el Empleo (FPE). El Real Decreto-Ley fue aprobado a propuesta de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, sin el consenso de la patronal ni de los sindicatos, a pesar de haber mantenido decenas de reuniones para intentar llegar a un acuerdo entre las partes, en los últimos meses.

El Real Decreto-Ley, que fue publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado lunes 23 de marzo y entró en vigor al día siguiente, introduce cambios relevantes, como que los interlocutores sociales dejan de participar en la gestión de los fondos y en la impartición de la formación, circunscribiéndose su papel a la participación en la gobernanza del sistema, en la planificación estratégica plurianual y en el diseño de la formación. Aún así, todo ello será detallado y concretado en el desarrollo reglamentario que queda pendiente de hacerse.

Asimismo, el nuevo sistema introduce la concurrencia abierta a todos los proveedores de formación acreditados y/o inscritos y se refuerza la competencia del Estado.

La actual Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo (FTFE) pasa a llamarse Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FEFE), en cuyo patronato estará representada con mayoría la Administración General del Estado, por encima de las comunidades autónomas y los interlocutores sociales.

En el nuevo sistema se introduce el "cheque formación" para los trabajadores desempleados, y los autónomos tendrán "derecho individual a la formación". Además, se abre la puerta a que en el futuro coticen por esta materia.

En el nuevo Real Decreto-Ley se desarrollarán tres instrumentos de difusión: la Cuenta de Formación; el Catálogo de Especialidades Formativas, y el Registro Estatal de Entidades de Formación.

Con el objetivo de luchar contra el fraude, la nueva normativa contempla un endurecimiento del seguimiento y el control de la formación realizada, así como del régimen sancionador. Con el mismo fin, se creará una unidad especial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para el control de la Formación Profesional para el Empleo.

Reacciones de la patronal y los sindicatos

Aunque los agentes sociales se mostraron molestos ante la aprobación del Real Decreto-Ley sin su consenso y sin acuerdo entre las partes, a la vez todos se mostraron cautos a la hora de pronunciarse públicamente, ya que todos los representantes coincidieron en decir que “habrá que esperar al desarrollo reglamentario de la nueva norma” para ver los detalles y en qué se concretan muchos de los aspectos e incógnitas que quedan por despejar en el nuevo marco legal.

Así, CCOO afirmó en un comunicado que “el Gobierno debe aprovechar la tramitación parlamentaria del Real Decreto-Ley para corregir las insuficiencias que han impedido alcanzar un acuerdo”, algo en lo que coinciden UGT y CEOE.

Por su parte, UGT manifestó en su correspondiente comunicado que “superados veinte años de vigencia de la formación para el empleo, iniciada en 1993, resulta necesaria una revisión para adaptarla al actual contexto socioeconómico y mejorar su eficiencia. No obstante, consideramos que una alternativa viable y estable debería haberse realizado con consenso social”.

A ello, añaden que “tenemos la oportunidad de actuar como interlocutores para la carrera profesional de los trabajadores, impulsando el reconocimiento de cualificaciones adquiridas por la experiencia laboral, y estableciendo, vía convenios, correlaciones entre las competencias reconocidas y condiciones laborales como categoría profesional, salario y promoción”.

Todos los agentes sociales comparten la necesidad de dotar a la formación para el empleo de “mayores cotas de transparencia, calidad y controles”, y han manifestado su compromiso a seguir trabajando con el Gobierno y el resto de grupos políticos en el proceso de tramitación parlamentaria del Real Decreto-Ley”.

Aún así, las organizaciones empresariales y sindicales también coinciden en que son las que conocen las verdaderas necesidades de los sectores, los problemas de competitividad de las empresas y la necesidad de adquisición o actualización de conocimientos de los trabajadores. “Y son precisamente estas organizaciones las que quedamos fuera de este nuevo modelo, ya que el Ejecutivo les conceda un papel muy poco relevante en la organización, gobierno y gestión de la formación, limitando su participación a un mero papel consultivo”, afirman en CCOO.

 

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