El Gobierno prepara un recorte sustantivo de las ayudas e incentivos previstos en el Plan de Vivienda y Rehabilitación

El Plan de Vivienda y Rehabilitación de 2008 declaraba tener por finalidad ampliar la base de demanda solvente de VPO, posibilitando el acceso a una primera vivienda a quienes no pudieran acceder a una vivienda en el mercado libre. Para ello establecía la Ayuda Estatal Directa a la Entrada (AEDE), así como unas subvenciones para la promoción de VPO en arrendamiento y para la adquisición y urbanización de suelo para vivienda protegida.

Ahora el Gobierno prepara una reforma del citado Plan, por la que se reducirán significativamente las subvenciones establecidas para la promoción de VPO en arrendamiento, y se eliminarán las subvenciones para adquisición y urbanización de suelo para la vivienda protegida. Todo ello dificultará el acceso a la misma por parte de muchos demandantes.

La pasada semana, Juan F. Lazcano, presidente de la CNC, José Manuel Galindo, presidente de  la APCE, y Rafael Fernández, presidente de Cepco, manifestaron en rueda de prensa su oposición a esta medida del Gobierno. El sector de la construcción entiende que, siendo obligado reducir el déficit público, este menor gasto no debe afectar a la vivienda protegida, debido a sus negativas repercusiones tanto en términos sociales como económicos. Con estas medidas se pretende ahorrar unos 1.200 millones de euros en dos años. El sector entiende que este recorte en las ayudas traerá consigo una reducción de la demanda y un negativo efecto sobre el empleo sectorial -que desde que se inició la crisis ha perdido ya 1.105.000 empleos-, ya que por cada vivienda VPO que deje de construirse, se perderán adicionalmente 2,4 empleos (1,7 directos y 0,7 indirectos).

El sector también interpreta que este pretendido recorte no será tal, ya que significará, asimismo, una importante pérdida de ingresos para la Hacienda pública. Según sus estimaciones, la pérdida de recaudación por no construir una VPO asciende a cerca de 60.000 euros, de los que si se detrae el ahorro que estos recortes restarían, se quedaría en unas pérdidas de ingresos fiscales de cerca de 50.000 euros. Por ello el sector ha demandado una prórroga de estos incentivos que ahora se quieren suprimir o reducir significativamente, hasta que se pueda drenar el stock existente de viviendas sin vender o alquilar.

La retirada de la Ayuda Estatal Directa a la Entrada (AEDE) significará, para una pareja tipo de 35 años, con un salario de 2,5 veces el IPREM que el ahorro necesario para adquirir una VPO, se acercará a los 47.000 euros, frente a los casi 36.000 que tendría que tener ahorrados contando con la ayuda, lo cual expulsará de este mercado a una parte importante de la actual demanda. La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, ha manifestado que, si se mantiene la ligera mejoría del escenario presupuestario, se intentará reducir el impacto de la reducción de ayudas prevista durante los dos próximos ejercicios y que “peleará hasta el final”, para que en los próximos presupuestos este recorte anunciado sea menor.

Fuente: Cinco Días y elaboración propia.