La CNC estima que la morosidad pública llega ya a 35.000 millones con unos plazos de cobro que alcanzan los seis meses
Por su parte, el presidente de la patronal de las grandes constructoras, Seopan, David Taguas, cifró la deuda vencida de las administraciones, aquella cuya antigüedad es superior a los 60 días, en 16.400 millones hasta finales de 2008, lo que supone un 1,5% del PIB y un tercio del total de la obra ejecutada ese año.
Al margen de estas cifras, las constructoras coincidieron en destacar que si el Estado, las comunidades y los ayuntamientos cumplieran la 'disciplina presupuestaria y pagaran en plazos razonables, toda la cadena productiva podría cobrar en plazos asumibles'. Estas declaraciones se produjeron en el marco de una ronda de comparecencias celebradas en la Comisión de Industria del Congreso, donde se debate la reforma de la Ley de Morosidad impulsada por CiU. La futura norma plantea fijar un plazo máximo de 60 días para los pagos de empresas a sus proveedores y de 30 días en el caso de las administraciones públicas, eliminando además la posibilidad de pacto entre las partes para ampliar esos plazos.
Lazcano señaló que 'no tiene sentido hablar de días' ni le preocupa 'la diatriba sobre la libertad de pacto', ya que si la administración paga en tiempo razonable, 'propiciará una escalera virtuosa de cobros que se trasladaría a la fecha de cobros', informó Europa Press.
Taguas, por su parte, reclamó la adopción de medidas transitorias que posibiliten a las empresas amoldarse a los nuevos plazos. Puso como ejemplo la firma de acuerdos de pago a más de 60 días basados en convenios con las entidades bancarias que autoricen operaciones de confirming.
Por su parte, el vocal de la Comisión de Hacienda de la Federación de Municipios y Provincias, Santiago Martínez, recordó las trabas burocráticas que sufren para la emisión de los certificados de obra.
Fuente informativa: Cinco Días.
