Los plazos de pago a proveedores más dilatados se encuentran en la construcción

Las empresas del sector de la construcción son las que presentaron unos plazos de pago a proveedores más dilatados durante 2010, y entre ellas destacan las del País Vasco, según el estudio “La Morosidad de las Empresas en España”, elaborado por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) a partir de los datos de 13.000 empresas depositados en el Registro Mercantil, los pagos de las organizaciones de este ámbito alcanzaron los 197 días en esta comunidad.

De media, en el País Vasco, el plazo de pago a proveedores por parte de las empresas fue de 95 días, frente a los 85 que establecía la Ley para 2010. En la construcción, su media de tardanza fue de 197 días.

Del análisis de la PMcM por comunidades autónomas y sectores, se extrae la conclusión de que en todas las regiones españolas las empresas del sector de la construcción son las que presentan unos plazos de pago más largos.

En este sector destacan con plazos más pequeños las empresas de La Rioja (139) y Cantabria (176), mientras que los peores plazos medios de pago los tiene el sector privado de Madrid (293), Asturias (285), Cataluña (262) y Extremadura (256).

Respecto a las empresas del resto de sectores, existe una gran variabilidad en el plazo medio de pago dependiendo de la región. Por ejemplo, “aunque Navarra (69 días) y Cantabria (77) tienen los mejores promedios en general, las empresas de estas comunidades no son las mejores pagadoras en todos los sectores, y lo mismo sucede con las dos peores comunidades globalmente, esto es, Madrid y Andalucía, con 120 y 119 días respectivamente”, explica Rafael Barón, presidente de la PMcM, entidad impulsora de la Ley 15/2010 de Lucha contra la Morosidad en las Operaciones Comerciales.

En el año en curso el límite está fijado en nuestro país en 75 días y en 2013 la Directiva Europea exigirá pagar en un máximo de 60 días. Asimismo, Barón ha alertado que “se hace más que necesario exigir ya el cumplimiento efectivo de la Ley española e implementar las medidas previstas en la misma, entre otras, la creación del Observatorio de la Morosidad”.

Para acabar con esta situación, el portavoz de la PMcM, Antoni Cañete, propone, “además de la creación del Observatorio de la Morosidad (que permitiría conocer con rigurosidad el comportamiento en los pagos); crear un régimen sancionador con multas de hasta 900.000 euros; implantar medidas no coercitivas de intermediación extrajudicial como la figura del mediador, que tanto éxito cosecha en Francia; y la aplicación del criterio de caja en el devengo del IVA de pymes y autónomos. Esta última se trata de una medida que el Gobierno prometió en campaña electoral y que ahora retrasa alegando problemas técnicos rechazando de este modo la proposición de Ley presentada recientemente por CiU”.