Nuevas normas de contratación pública en la UE, que regularán una actividad valorada en 25.000 millones de euros

Después de dos años de trabajo y la tramitación de más de 2.500 enmiendas, el Pleno del Parlamento Europeo ha aprobado las tres Directivas comunitarias que formarán la base para la legislación de Contratación Pública en sus Estados miembros. Estas nuevas directivas -la general de contratación pública, la reguladora de la contratación en los llamados sectores excluidos y la reguladora de los contratos de concesión-  regularán una actividad valorada en el equivalente al 19% del PIB anual de la UE, estimado en 25.000 millones de euros. Estas nuevas directivas europeas van a exigir un mayor control de las empresas adjudicatarias en cuanto a requisitos de sostenibilidad y ecología por una parte y por otra, un mayor respeto al mercado de trabajo y a los convenios colectivos, extendiendo este control a todos los niveles, incluyendo a los subcontratados por la empresa adjudicataria.

Su objetivo es establecer una normativa de contratación más innovadora, sencilla y, a la vez, aumentar su control sobre todo el proceso. Se potencian también las fórmulas CPP y, en general, la colaboración público-privada. Se establecen fórmulas dirigidas a facilitar a las pymes el acceso a las contrataciones en el ámbito comunitario, se simplifica el proceso de licitación y se incluye la posibilidad de presentar ofertas por parte de asociaciones temporales de empresas. El precio ya no será el criterio principal para determinar cuál sea la mejor oferta en la fase de adjudicación de proyectos. Por el contrario, se dará prioridad a la “oferta económicamente más ventajosa”; no sólo desaparece el criterio de que el menor precio ofertado era el único determinante para conseguir a la adjudicación, sino que se incluye en los criterios de adjudicación la valoración de todo el ciclo de vida del proyecto y un análisis profundo de su viabilidad.

Todo el proceso de la licitación y contratación pública se deberá desarrollar exclusivamente en formato electrónico (su implantación se hará en el plazo máximo de 30 meses desde la entrada en vigor de la legislación de cada uno de los países miembros). Se establece la digitalización de los procedimientos desde su inicio hasta su finalización con el objetivo de fomentar la reducción de costes e inducir una mayor transparencia.

Los plazos establecidos para la puesta en marcha total del proceso electrónico en la contratación pública serán: la notificación electrónica pública será obligatoria dos años después de la entrada en vigor de la Directiva; la licitación electrónica de las centrales de compras, tres años después de su entrada en vigor; y la licitación electrónica general, cuatro años y medio después. Cuando acabe la fase de transición, todas las administraciones comunitarias deberán contratar por idéntico procedimiento, lo que significará la eliminación de fronteras para las empresas que se quieran presentar a proyectos en cualquiera de los países de la UE.