La Ley de Suelo, que entró en vigor el 1 de julio, reserva el 30% del suelo residencial para vivienda protegida
La nueva Ley de Suelo entró en vigor el pasado 1 de julio, quince días después de la constitución de los ayuntamientos elegidos el pasado 27 de mayo, que la asumirán como código de conducta. La nueva norma, que sustituye a la Ley del Régimen del Suelo de 1998, cuenta entre sus objetivos el de impulsar la construcción de viviendas de protección oficial, para lo que se establece una reserva mínima del 30% del nuevo suelo residencial. Asimismo, pretende luchar contra la especulación y la corrupción, además de intentar generar una gestión del suelo más transparente, sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Fija, además, una limitación del precio al que se pueden vender o subastar los terrenos públicos.
Con el objetivo de frenar la especulación y aumentar la transparencia, la nueva ley incluye la obligación de publicar el nombre de todos los propietarios que hayan tenido una finca durante los cinco años anteriores a su recalificación, e incluye la exigencia de que los concejales y directivos municipales declaren públicamente sus bienes.
Asimismo, la ley establece la figura del agente urbanizador, que actuará como intermediario entre la Administración y los propietarios a la hora de tramitar la urbanización de un terreno.
Para desincentivar la especulación, la ley establece un nuevo régimen de valoración del suelo, por el que el precio de un terreno se ajustará a su situación real y no a lo que pueda llegar a ser, una medida que para el PP sólo persigue el objetivo de abaratar las expropiaciones. Según un sondeo del Instituto de Práctica Empresarial (IPE), el 67% de los profesionales del sector está en contra del nuevo régimen de valoración, ya que eso permitirá a las administraciones públicas expropiar terrenos a un precio inferior al de mercado, que seguirá guiándose por la expectativa.
Descárgate la nueva Ley del Suelo.
Fuente utilizada: El País y Urbanoticias
