El Gobierno aprueba nuevas medidas para fomentar el alquiler y reducir así el actual stock de viviendas vacías
Actualmente hay en España en torno a tres millones de viviendas vacías, de las cuales casi 700.000 son nuevas y sin vender
El Mundo y elaboración propia.
El Gobierno ha aprobado un paquete de medidas dirigidas a fomentar y flexibilizar el mercado de alquiler de viviendas. Uno de los objetivos prioritarios de estas medidas es acelerar la disminución del stock de inmuebles vacíos, bien de particulares, de promotoras o en poder de la banca. Tras la burbuja inmobiliaria que estalló en 2007, actualmente hay en España en torno a tres millones de viviendas vacías -de las cuales casi 700.000 son nuevas y sin vender-, así como una enorme cantidad de superficie en suelo, locales comerciales y oficinas sin usar.
Las medidas aprobadas quieren generar mayor confianza en la oferta, ya que el mercado de alquiler en España es minoritario. Solo el 17% de los demandantes nacionales de vivienda acuden al alquiler, muy lejos de los porcentajes que se aprecian en los restantes países europeos. Para ello plantean mayores ventajas fiscales y mayor seguridad jurídica para recuperar su vivienda por parte de los propietarios.
Los actuales procedimientos de desahucio son lentos y complejos, constituyendo el principal motivo de que los propietarios no se atrevan a alquilar. La nueva ley habilitará procedimientos mucho más contundentes que los actuales para combatir la morosidad de los inquilinos. Ahora, cuando se presente una demanda de desahucio por falta de pago, el inquilino tendrá diez días para pagar o justificar el impago. Si el demandado no paga, no justifica el impago o no comparece, el juez dictará la terminación del juicio y procederá al desahucio, para el que será suficiente la presencia de un funcionario del juzgado. Se acorta en dos años el plazo inicial de los contratos de alquiler: la prórroga forzosa que antes era para cinco años, se acorta a tres. En el caso de renovaciones tácitas, el plazo se acortará de tres a un año. Vencidos esos plazos, la nueva normativa establecerá que el plazo de preaviso para romper el contrato por parte del inquilino sea de un mes frente a los dos actuales.
Estas medidas rebajarán también notablemente la fiscalidad de las Socimi (Sociedades Cotizadas de Inversión Inmobiliaria, creadas en 2009, pero con escaso éxito hasta ahora), para que los grandes propietarios de viviendas vacías, como son los bancos o grandes promotoras, puedan rentabilizar ese patrimonio a través del alquiler. No pagarán impuesto de sociedades y tributarán sólo sobre dividendos percibidos por sus accionistas, aunque deberán distribuir al menos el 80% de sus beneficios.