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¿Por qué arde España cada verano?

Una legislación excesivamente protectora impide a las empresas limpiar las bosques de manera preventiva

 

Noticia del sector
Fuente - Capital Madrid

Un verano más los incendios han asolado España, dejando tras de sí un reguero de tragedias personales, enormes pérdidas de patrimonio público y privado, duras historias de muertos y desaparecidos y una potente pero efímera cobertura en los medios de comunicación -sobre todo de las tragedias mortales- que pasado el verano desaparecen como si fuera el paso cíclico de un cometa ominoso que se cobra su tributo anual y desaparece hasta el próximo año. Como una maldición se repite la historia, cada año el verano trae consigo una nueva ola de destrucción de montes y bosques, cada año hay que dedicar enormes recursos públicos a su extinción, cada año, a lo largo del lapso de tiempo entre un verano y otro, potentes recursos disponibles para la prevención de incendios permanecen ociosos porque en este país no se limpia el bosque, no se aprovecha la biomasa forestal resultante ni se aplican criterios técnicos para el aprovechamiento de esa biomasa forestal con fines energéticos.

Numerosa maquinaria de movimiento de tierras en su día adaptada a la limpieza forestal y a la apertura y mantenimiento de cortafuegos permanece ociosa cada vez más, plantas de conversión de biomasa forestal en energía se ahogan por falta de suministro estable de recursos forestales porque los obstáculos legales e institucionales que limitan y a menudo impiden la limpieza de nuestros montes y campos imposibilitan la toma de decisiones, en el caso de que hubiera por parte de los poderes públicos intención de tomarlas, lo que es más que dudoso dado el entramado de intereses de todo tipo que hasta la fecha, ha hecho imposible que España se compare en este ámbito con el resto de países desarrollados.

Limpieza adecuada

Una limpieza adecuada de nuestros montes, como es habitual en los países de la UE, es esencial para prevenir incendios forestales y para mantener las necesarias infraestructuras de apoyo al personal de extinción. Si se hiciera posible un aprovechamiento rentable de esas masas de residuos forestales resultante del mantenimiento aludido, se evitaría en millones de hectáreas la ausencia de gestión actual que está generando su decaimiento, y el aumento del riesgo de daños, incendios, erosión y plagas.

La correcta gestión de los espacios forestales conlleva también, y esto es importante, ahorros considerables para las administraciones públicas implicadas, tanto directos (disminución de los recursos destinados a sofocar incendios e importantes ahorros por menor producción de CO2, ya que la regeneración de nuestros montes que sería consecuencia inmediata de un mantenimiento sostenible aumentaría la fijación de este CO2 y por lo tanto España disminuiría sensiblemente la abultada factura que ahora debe pagar por la compra permanente de más derechos en el mercado de emisiones) como los indirectos derivados de una mayor actividad económica que conlleva mayores impuestos, menores costes, creación de empleo y sobre todo, ahorros significativos en la elevada factura nacional de extinción de incendios.

Según un reciente análisis de Analistas Financieros Internacionales (AFI), cada año las administraciones públicas españolas dedican a la lucha contra los incendios forestales un volumen de recursos superior a los 700 millones de euros. Este coste anual de extinción de incendios y el de la reparación de terrenos tras los mismos, si se aprovechara al máximo la posible contribución del aprovechamiento de la biomasa forestal, no sólo sería enjugado en su totalidad sino que aún produciría un ingreso añadido en el entorno de los 53 millones de euros anuales.

Pero como ha diagnosticado correctamente el foro SELVIRED-FIRESMART -apoyado por la UE- la legislación ambiental y el desarrollo rural no están coordinados con la legislación energética en España, imposibilitando alcanzar el resultado positivo antes aludido, además de propiciar una pérdida continuada de nuestro patrimonio forestal. "Es patente una descoordinación interministerial entre las competencias del Ministerio de Industria y el de Medio Ambiente cuyo resultado se traduce en una paralización histórica del sector, ya que las políticas de apoyo para el mismo nunca se han diseñado de una manera integrada, lo cual resultaría básico para el despegue y la consolidación del sector de la biomasa en España".

Legislación en contra

Muchas empresas dedicadas a la producción y transporte de energía (por ejemplo, Red Eléctrica o las grandes energéticas), así como muchas otras cuya actividad demanda estar situadas en ámbitos forestales (por ejemplo, ENCE), se ven a menudo enfrentadas a una legislación ambiental que impide cortar ni un arbusto, frente a otra industrial que les obliga a mantener unos cortafuegos limpios de masa forestal, de determinadas características y unos infraestructuras y carreteras cuya construcción o desbroce están prohibidos por la normativa ambiental aplicable. Mientras tanto, cada verano los incendios se ceban en nuestra geografía y todo se queda en si es posible o no que haya sido intencionado. Pero de prevención eficaz, poco.

Verdad es que se ha venido aumentando los medios de extinción de incendios, según las estadísticas disponibles de las tres últimas décadas. Pero éstas no permiten cuantificar el valor de lo salvado, de lo no quemado gracias a sus actuaciones, lo cual es esencial para justificar convenientemente las inversiones efectuadas. Ni cuantifican tampoco las pérdidas potenciales por incendios que genera la falta de actuación ni compara el escenario actual con otros escenarios posibles de gestión sostenible, basados en el aprovechamiento óptimo de la biomasa forestal. En definitiva, no hay criterios válidos de de sostenibilidad forestal.

El uso intensivo y racional de la biomasa forestal para prevenir incendios y para producir energía limpia es esencial para la preservación de nuestro patrimonio forestal, una oportunidad clara y rentable para generar riqueza y empleo en el medio rural y para inyectar actividad a sectores de infraestructuras, ambos tan castigados en los últimos años. No puede ser que andemos todavía regidos por dogmas pseudoecologistas de que conservar es no tocar nada y dejar a la naturaleza que siga su ciclo natural. Hay que informar debidamente a la opinión pública para que no solo reciba ese tipo de mensajes, propiciados por intelectuales de ciudad que no han visto en su vida un árbol más que en el jardín de su dacha de verano. No podemos estar en manos de quienes tan bien definió Arthur C. Clarke: "un intelectual es alguien que ha podido acceder a una educación muy por encima de su nivel de inteligencia".

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