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El Gobierno aprueba dos proyectos de ley para que la contratación pública sea más transparente

También se pretende agilizar los procedimientos y aumentar la competencia al permitir la incorporación de las pymes en los concursos

Noticia del sector

El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes 25 de noviembre la remisión a las Cortes Generales de los dos proyectos de ley sobre contratación pública, a través de los cuales se va a transponer a la legislación española el paquete de tres directivas comunitarias aprobadas por la UE en febrero de 2014, según informó el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo.

En concreto, una de las leyes regula la contratación del sector público en general, y la otra, las especialidades en materia de contratación en los sectores de agua, energía, transporte y servicios postales. De este modo, la nueva Directiva de concesiones se incorpora a estas dos leyes sin que se apruebe una norma específica en esta materia.

Las leyes tienen como principales objetivos agilizar los procedimientos de contratación, aumentar la competencia al permitir la incorporación de las pymes en los concursos, mejorar la publicidad y transparencia, luchar contra la corrupción y servir como instrumento de políticas medioambientales, sociales y de I+D.

Agilizar los procedimientos de contratación

Con estos proyectos de ley se pretende reducir las cargas administrativas y agilizar los procedimientos de contratación pública, acortando los plazos de tramitación y apostando por la utilización de medios electrónicos, informáticos y tecnológicos.

En concreto, destaca la generalización del uso de las llamadas "declaraciones responsables", en las que el empresario simplemente manifiesta que cumple los requisitos para acceder a la licitación sin necesidad de presentar documentación justificativa hasta el momento en el que resulte adjudicatario del contrato.

Otro de los objetivos que se quieren cumplir, es el de aumentar la competencia y permitir un mayor acceso de las pymes a la contratación pública con medidas que incentivan que los contratos se dividan en lotes. Asimismo, se restringe la utilización de los llamados "medios propios", entidades creadas por una Administración para la realización de determinadas actividades sin someterse a un procedimiento de contratación. Del mismo modo, se posibilita que el órgano de contratación exija que el periodo medio de pago a sus proveedores no supere los límites que se establezcan.

Más transparencia y lucha contra la corrupción

Por otro lado, las nuevas leyes persiguen mejorar la publicidad y la transparencia, al mismo tiempo que luchar contra la corrupción en los contratos públicos. De este modo, se aprueba una nueva regulación más rigurosa de las prohibiciones para contratar y se incluye en el ámbito subjetivo de la ley a los partidos políticos, organizaciones sindicales y asociaciones empresariales, cuando se financien mayoritariamente con fondos públicos, lo que les obligará, en determinados supuestos, a adjudicar sus contratos siguiendo un procedimiento público.

Para fomentar la publicidad en la contratación pública se suprime el procedimiento negociado por razón de la cuantía creándose un nuevo procedimiento más transparente, el Abierto Simplificado, con una duración del proceso de contratación breve, de alrededor de un mes, con publicación obligatoria.

Además, con carácter general, se establece una previsión de que los órganos de contratación están obligados a tomar las medidas adecuadas para luchar contra el fraude y la corrupción y a prevenir, detectar y solucionar los conflictos de intereses que puedan surgir en un contrato público.

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