“Regularización de inmigrantes y formación”
La regularización de trabajadores inmigrantes “sin papeles”, sean cuales sean las opiniones sobre la fórmula adoptada y sobre el funcionamiento del sistema elegido, es una realidad y tendrá como efecto la inclusión de un número elevado de nuevos trabajadores en la legalidad del sistema.
En consecuencia, parece irreversible que en el futuro las nuevas incorporaciones de trabajadores foráneos tendrán que sumarse en su inmensa mayoría al nuevo sistema dentro de la legalidad en diferentes sectores productivos, pero indudablemente en el de la construcción, que es uno de los mayores receptores de trabajadores inmigrantes.
¿Qué significa esto? Significa que el sistema ha de tener capacidad suficiente de absorción proporcionando igualdad de oportunidades a igualdad de capacidades sobre todo en las “fronteras del conocimiento”. Aspectos como el idioma, los marcos normativos y reglamentarios, las bases de oficios y especialidades adecuadas a nuestras formas de trabajo colectivo y, sobre todo, los protocolos y exigencias de la seguridad laboral y la prevención de riesgos, son claves para desarrollar el trabajo en condiciones razonablemente idóneas.
También significa que es necesario dotar de la formación profesional necesaria a este colectivo de trabajadores para que su integración social y económica se produzca sin traumas. Adicionalmente, significa que la regularización va a comportar una inyección de competitividad en el conjunto de la fuerza laboral, porque algunos de los trabajadores incorporados al sistema por esta regularización tendrán, sin duda, conocimientos y habilidades similares a muchos de los trabajadores nacionales.
El sector constructor –las empresas en primer lugar, pero también los agentes sociales y los propios trabajadores- ha de tomar medidas para no perder este tren; ha de utilizar de modo inmediato las herramientas de formación de que dispone, especialmente teniendo en cuenta las peculiaridades de una actividad en la que los trabajadores se desplazan a distintos lugares, acometen tareas en obras de distinta morfología y trabajan para diferentes empresas, cada una con sus propios sistemas de trabajo.
Se dice, y con razón, que las inversiones en formación –junto a las dedicadas a I+D+i- son a medio y largo plazo de una rentabilidad elevada. Para la empresa, porque sus resultados serán mejores ya que un capital humano adecuadamente formado –y por ello, motivado- produce mejor; para los trabajadores, porque sus propias expectativas de promoción serán mayores y mejores en ambientes laborales de mayor calidad y sana competitividad.
Mencionaba más arriba la importancia de la formación en seguridad y prevención, importancia más acuciante si cabe respecto al conjunto de trabajadores que resulte de la normalización de inmigrantes que está en marcha. Si el mundo empresarial está de acuerdo sin reticencias en la necesidad de impulsar una cultura de la prevención en la que ésta se considere un factor de competitividad y de inversión productiva, no es menos cierto que este consenso ha de mantenerse vivo y operativo día a día, porque la lucha contra la siniestralidad ha de ser permanente.
Para ello dos de los pilares de actuación han de ser la correcta y permanente formación de los trabajadores en esta materia y la efectiva acreditación de esa formación, de modo que su consideración, además de suficiente, sea objetiva y válida ante cualquier cambio de lugar de trabajo.
Esta acreditación es uno de los objetivos del conjunto del sector de la construcción, que pretende institucionalizar –a través de la cartilla profesional establecida en su convenio general- un documento que acredite la formación recibida, vaya incorporando la formación de reciclaje realizada por el trabajador y explicite el nivel alcanzado en cada momento. Para ello hay que establecer un contenido común sobre la formación necesaria en seguridad y salud, la forma de llevar esta formación al mayor número de trabajadores y ha de perfeccionarse el sistema para la expedición, control y seguimiento de la acreditación, que supondría una singular ventaja para los trabajadores porque las empresas preferirán contratar trabajadores acreditados y las entidades que contraten obras preferirán hacerlo con empresas que trabajen con profesionales cualificados y con una garantía de formación adecuada en seguridad y salud.
Artículo publicado en el diario Expansión el día 28 de marzo de 2005
