Aprobado el Real Decreto que regula la gestión de los residuos de construcción y demolición

El problema ambiental que plantean los residuos de construcción y demolición, que ha tenido un fuerte crecimiento en los últimos años, se deriva no sólo del creciente volumen de su generación, sino de su tratamiento, que todavía hoy es insatisfactorio. El 90% de estos residuos van a vertedero y sólo un 5% se recicla.

En la actualidad estaba vigente el Plan Nacional de gestión de residuos de construcción y demolición, aprobado en 2001, que había realizado unas previsiones de generación de 42 millones de toneladas (aprox. 1Ton/hab/año) de residuos. Sin embargo, los datos reales demuestran que dicha previsión ha sido superada debido a la fuerte actividad de la construcción, especialmente en algunas Comunidades Autónomas.

El objetivo del Real Decreto es garantizar la mejor gestión ambiental de estos residuos, yendo más allá de la normativa europea, que no contempla todavía la concreta aplicación del principio de responsabilidad del productor a estos residuos.

Ámbito de aplicación
El ámbito del Real Decreto abarca la construcción, rehabilitación, reparación, reforma o demolición. Una de las dificultades por las que en la actualidad no se alcanzan unos indicadores satisfactorios de reciclado de estos residuos es el hecho de que la mayoría de los casos se depositan en vertedero a coste muy bajo, sin tratamiento previo, y, a menudo, sin cumplir los requisitos establecidos en las normativas sobre vertederos. Para corregir esta situación, el Real Decreto prohíbe el depósito sin tratamiento previo.

Entre las obligaciones que establece el Real Decreto al productor titular de la licencia destaca la obligatoria elaboración en el proyecto de obra de un estudio de gestión de estos residuos, que deberá incluir una estimación de las cantidades generadas, medidas de prevención a adoptar, el destino previsto para los residuos que se produzcan, así como una valoración del coste previsto para su gestión, coste que formará parte del presupuesto del proyecto.

También se fijan obligaciones al contratista que ejecuta la obra, quien deberá establecer la clasificación de los residuos, elaborar un plan de ejecución y asumir los costes. Esta obligación de separar los residuos en la obra, a partir de ciertos volúmenes de generación, repercutirá en la obtención de beneficios por la venta directa de los materiales separados y ya fue avalada mediante la reforma de la Ley de Residuos de 1998 que se introdujo en la Ley de calidad del aire y protección de la atmósfera de 2007.

Según el Gobierno, con este Real Decreto se afianzará la posición empresarial de aquellos materiales para los que ya existe un mercado (metales y maderas principalmente) y, adicionalmente, servirá para incentivar la creación de otros mercados (áridos reciclados).

Cabe destacar que en aquellas obras en las que las Administraciones Públicas intervengan como promotores se establece que éstas deberán fomentar las medidas para la prevención de residuos de construcción y demolición, y la utilización de áridos y otros productos procedentes de su valorización.

Fuente informativa: Consejo de Ministros.