El Congreso da luz verde a la Ley de Rehabilitación, que cambia las obligaciones de conservación y la Inspección Técnica de Edificios (ITE)

La Comisión de Fomento del Congreso aprobó el pasado miércoles 29 de mayo el Proyecto de ley de Rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, que introduce nuevas obligaciones en materia de conservación de los inmuebles, y modifica la Inspección Técnica de Edificios (ITE) para incorporarle criterios de eficiencia energética.

El Proyecto de ley, que ahora pasará a ser tramitado en el Senado antes de su aprobación definitiva, ha incorporado finalmente la veintena de enmiendas propuestas por el PP, además de casi medio centenar de propuestas de PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), CiU y PNV, la mayoría de las cuales han sido “transaccionadas”.

El dictamen de la Comisión fue respaldado por el PP, mientras que el PSOE y CiU se abstuvieron, y la Izquierda Plural y el PNV votaron en contra del texto, que con las nuevas disposiciones adicionales incluidas a propuesta del PP introduce cambios en una decena de normas que nada tienen que ver con su objetivo original.

Poner fin a carencias normativas

El portavoz 'popular', Andrés Ayala, destacó que la ley acaba con carencias normativas largamente vigentes, y se defendió de las principales críticas de la oposición negando que se invadan competencias autonómicas y señalando que "no es muy consecuente" hacer esa acusación, mientras se pide financiación del Estado para las actuaciones de rehabilitación y regeneración.

En este sentido, recordó que son los Planes de Vivienda los que incluirán las ayudas del Estado para las intervenciones, y que, "sólo en ausencia de la intervención pública o de los propietarios, serán otras empresas privadas las que pueden entrar". "Decir que eso es un negocio y que se beneficia a las promotoras me parece una crítica bastante fácil y que no responde a la realidad", apostilló.

Además, rechazó que se introduzcan nuevas exigencias de conservación, que "son las que se fijaban en la Ley del Suelo", y aseguró también que "lejos de reducirse las garantías de realojo, se regulan para toda España" y se flexibiliza en algunos casos para garantizar los derechos de los ocupantes de la vivienda.

“Oportunidad perdida”

La responsable de Vivienda del PSOE, Leire Iglesias, cree que este proyecto de ley es una "buena iniciativa" cuyos objetivos y necesidad comparte, si bien cree que la "disposición a negociar" por parte de los 'populares' no se ha materializado finalmente en acuerdos más amplios, "a pesar de estar todos de acuerdo en que esta ley es necesaria".

No obstante, lamentó que se quedará "en una oportunidad perdida" ante la negativa del grupo mayoritario a incluir modificaciones profundas en aspectos como la financiación, la moratoria de cuatro años en la obligación de reservar suelo público, o el "guirigay" que creará la nueva certificación energética, que entrará en vigor cuando "la norma aún no esté aprobada en el Senado ni haya normas para desarrollar la ley".

También insistió en su temor de que algunas familias con "especial vulnerabilidad" puedan ser "víctimas de un desalojo de sus viviendas", por no tener recursos para hacer frente a sus nuevas obligaciones de rehabilitación, dando lugar a una nueva tipología de desahucio.

Por último, la diputada reprochó a los 'populares' que hayan unificado en un mismo proyecto "un montón de cuestiones que nada tienen que ver" y que supondrán la modificación de una decena de normas diferentes. "Por eso nos abstendremos en la votación, sin entrar a valorar el contenido, si es oportuno o no. Tráiganlo por separado y cumplan la norma, porque ésta no es la primera vez que pasa", pidió, apostillando que el PSOE se "reserva la posibilidad de seguir denunciando y reclamando estas técnicas parlamentarias de abuso y burla".