Hacienda incita a adjudicar los contratos públicos a la oferta más baja para reducir el gasto
El interventor recuerda que se debe realizar una 'revisión rigurosa de los gastos necesarios para garantizar el funcionamiento de los servicios', de forma que de 2011 a 2013 se logre una reducción de los gastos en bienes corrientes y servicios del 15% y un recorte de las inversiones del 13%. Para lograr estos objetivos, el texto apuesta por 'no desincentivar las mejoras de precio en las ofertas de contratación'.
Según el Diario económico, 'llega a sugerir que cuando en el concurso existan grandes diferencias entre el precio de unas ofertas y otras, que esas variaciones de precio se traduzcan también en variaciones significativas en las puntuaciones que reciba cada oferta'. 'De lo contrario, se desincentiva que las empresas sean más agresivas en sus pujas', aseguran fuentes del sector constructor.
Otras fuentes llaman la atención de que con este nuevo mandato de la intervención hay una clara marcha atrás. 'Cuando ya habíamos logrado que parámetros como el diseño técnico de la obra o los plazos de ejecución cobraran más protagonismo en la puntuación, volvemos a primar el precio', aseguran en una empresa de suministros.
Control exhaustivo del pago de subvenciones
El texto remitido por la Intervención recuerda que el plan de austeridad establece una reducción gradual de los gastos que no sean de personal, de bienes corrientes y de servicios e inversiones de, al menos, un 36% entre 2010 y 2013, exceptuando de esta restricción a las prestaciones sociales, dependencia, becas, transferencias derivadas de la aplicación de los sistemas de financiación de las administraciones territoriales y la aportación a la UE.
Por tanto, en esos gastos que necesariamente hay que recortar en ese 36% están incluidas las subvenciones. Para su fiscalización, el interventor exige que se concreten de forma suficiente los gastos subvencionables, así como que se establezcan límites, como retribuciones, gastos de viaje y manutención. En lo referido a la firma de convenios donde la Administración Central se compromete a pagar una cantidad determinada, dice el interventor que 'se puede estar dando la circunstancia de que el Estado se esté endeudando para transferir fondos a terceros, que en ese momento no tienen la necesidad efectiva de aplicarlos a la finalidad para la que se reconocieron'.
Por ello, las nuevas recomendaciones abogan por que se realicen las comprobaciones pertinentes, de modo que los desembolsos realizados por el Estado se ajustan al ritmo y necesidad de financiación de la actuación objeto de la colaboración. Por último, el interventor da instrucciones a todos los organismos encargados del control del gasto público de cómo han de proceder en caso de que detecten prácticas que 'puedan menoscabar' el contenido de los acuerdos del Consejo de Ministros de 29 de enero y 20 de mayo de 2010 (cuando se aprobaron los dos ajustes).
Fuente informativa: Cinco Días.
