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Más de 100.000 inmuebles obtienen el certificado de eficiencia energética, la mayoría en Madrid y Cataluña

La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha una brigada especial de técnicos que vigilan que la nueva norma se cumpla y ya ha empezado a sancionar

Sector New

Más de 100.000 inmuebles de toda España han obtenido ya la etiqueta de eficiencia energética, desde que la normativa de certificación entrara en vigor el pasado 1 de junio, según estimaciones de Certicalia.com. Una distinción que debe figurar por ley en cualquier anuncio de venta o alquiler de viviendas y locales.

"Son las grandes capitales y las localidades de costa las que más inmuebles han certificado desde la entrada en vigor de la normativa", han indicado desde la compañía. Las comunidades con mayor número de etiquetas registradas han sido hasta ahora Cataluña, con casi 50.000 inmuebles registrados, y Madrid, con más de 34.500. Además, cabe destacar los 4.000 certificados registrados en las Islas Baleares, los 4.500 de Asturias, los 2.500 de Navarra, los cerca de 1.500 tanto en Galicia como en Castilla-La Mancha, los 1.200 de La Rioja o los 800 de Extremadura.

En todo caso, desde la compañía han subrayado que "es muy posible que el número de inmuebles certificados sea mayor al que recogen los registros". El motivo, han agregado, es que "muchos propietarios no han registrado aún sus certificados por razones que van, desde el desconocimiento de la obligación, a la dificultad de algunos procesos de registro o "la inexistencia" aún de los mismos.

La etiqueta es el resumen del certificado de eficiencia energética que realiza un técnico certificador tras visitar el inmueble. Una vez expedido, este informe debe incorporarse al registro del órgano competente de cada comunidad autónoma.

Brigada especial sancionadora en la Comunidad de Madrid

Asimismo, y aunque los expertos opinan que en los dos primeros meses de implantación del verano se estuvo “haciendo la vista gorda” con su cumplimiento, sin embargo ya se ha empezado a sancionar en algunas comunidades, como en la de Madrid, que ya tiene “su propia brigada de vigilancia”. La Dirección General madrileña de Industria, Energía y Minas ha puesto en marcha un servicio de inspectores cuyo objetivo es que, desde los despachos y sobre el terreno, todas las casas que estén el mercado (en alquiler o en venta) dispongan de su correspondiente y correcta etiqueta energética, obligatoria por ley para vender o alquilar inmuebles desde el 1 de junio, que indique su consumo. La sanción por incumplir esta nueva normativa puede ascender hasta los 6.000 euros.

El cometido de este nuevo órgano de control se desarrolla a través de dos equipos distintos. Uno de ellos lleva a cabo una labor de oficinas y el otro se encarga del trabajo de campo. Los funcionarios encargados de las labores de oficina realizan "una revisión de la documentación que se presenta y, en caso de encontrar defectos o deficiencias, solicitan efectuar requerimientos de subsanación", según informan fuentes técnicas desde la Comunidad de Madrid.

Por otro lado, el trabajo a pie de calle se desarrolla con un equipo formado por cinco inspectores adscritos a la Dirección General de Industria, Energía y Minas, que se encargan de recorrer las calles y visitar los edificios. Su trabajo consiste principalmente "en verificar que el técnico que firma los certificados tiene la competencia para hacerlo" y que "los datos consignados en el certificado, y que sirven para obtener la calificación de eficiencia energética, se corresponden con los reales de la vivienda, local o edificio", apuntan las mismas fuentes.

"Esta labor de inspección ha comenzado recientemente y vamos a ver cómo funciona para valorar la posibilidad de reforzarlo o no", advierten desde la Comunidad de Madrid. Además, afirman que esta nueva campaña "servirá para tener una primera impresión sobre la veracidad de los certificados que se están realizando", comentan los técnicos.

Presentar un certificado falso, una calificación irregular o no incluir calificación energética en el anuncio de una vivienda son algunos de los motivos de sanción según la 'Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbana'. Esta normativa fija multas entre 300 y 6.000 euros, dependiendo de la gravedad de la infracción.

Desde la Comunidad de Madrid avisan de que "ya existe algún expediente abierto y en proceso de resolución por irregularidad manifiesta". Procedimientos abiertos, principalmente, porque "el certificado no refleja la realidad del inmueble". Por otro lado, advierten de que "cuando las deficiencias sean subsanables" sólo se pedirá su corrección. Asimismo, se reconoce que "es imposible controlar todo" y que "hay que dar cierto tiempo a que el certificado se extienda a la mayor parte de inmuebles".

 

** Desde que entrara en vigor la nueva norma, la Fundación Laboral ya ha formado a más de 440 profesionales, que pueden ejercer como certificadores energéticos. La Fundación ha convocado un nuevo curso sobre Certificación Energética para el próximo 24 de septiembre.

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