El CES aprueba el anteproyecto de la Ley de Contratos, con el rechazo de los representantes empresariales

Los votos en contra correspondieron a los representantes empresariales. Para los empresarios, “la ley paralizará la contratación pública durante un tiempo por las numerosas lagunas legales o vacíos abiertos”. Por lo tanto, y según José de la Cavada, portavoz de CEOE en el CES: “Para la patronal es un ejemplo normativo claro de creación de inseguridad jurídica para las empresas”.

En su enmienda a la ley, la Confederación defiende que “muchos de los errores que ha cometido el Ejecutivo en la elaboración de la norma se deben fundamentalmente a dos factores. En primer lugar, a que ha no contado con la CEOE. Y, en segundo lugar, a que no tiene en cuenta la evolución de las empresas en los últimos años, con el cambio de estructuras organizativas, de diversificación y especialización de la producción”.

Por su parte, el CES hizo constar que “ha faltado tiempo para que los distintos agentes y sectores afectados por la norma pudieran despejar dudas acerca de las modificaciones y novedades que incluyen las normas. No obstante, la reforma integral propuesta a esta ley es la adecuada ante la exigencia de incluir las regulaciones de directivas comunitarias. El anteproyecto permitirá una mayor transparencia, simplificación y racionalización de los procesos de contratación pública y clarificará el régimen de adjudicaciones”.

Asimismo, el organismo que preside Jaime Montalvo estima que “el nuevo texto legal permitirá eliminar muchas de las actuales barreras a la entrada a la contratación de obra pública y abrirá a la competencia un sector en el que centran su interés multitud de empresas; introducirá mayores controles, reforzándose los criterios de solvencia exigibles a las empresas que contraten con el sector público'.

El CES también avala el hecho de que “la norma amplíe el ámbito subjetivo de aplicación a todo el sector público, para dar así respuesta a la tendencia de las distintas administraciones a crear sociedades instrumentales para contratar obras o servicios de interés público”. Además, destaca “la creación de un Registro de Contratos del Sector Público como sistema central de información, en el que se inscribirán las adjudicaciones de todas las administraciones públicas y será un soporte para el análisis y conocimiento de la contratación pública”.

El anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público sustituirá a la vigente Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y tiene como objetivo garantizar la concurrencia entre licitadores de distintos Estados miembros y arbitrar la posibilidad de incluir criterios medioambientales y sociales en la adjudicación de contratos.

Fuente informativa: Europa Press y Expansión.