El Consejo de Ministros ratifica la 'Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo' (2007-2012) 

Tras un intenso diálogo social, todos los interlocutores implicados en la elaboración de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012  (Gobierno, Comunidades Autónomas, organizaciones sindicales y empresariales) han dado su visto bueno al texto que fue apoyado por la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y al que el pasado viernes el Consejo de Ministro dio su aprobación.

La Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012 se constituye como un instrumento para establecer el marco general de las políticas de prevención de riesgos laborales a corto, medio y largo plazo. En línea con la estrategia europea de salud y seguridad laboral, la iniciativa española trata de dotar de coherencia y racionalidad las actuaciones en prevención de riesgos para conseguir una reducción constante y significativa de la siniestralidad laboral (el Ministerio de Trabajo espera que ésta descienda en un 30%), así como mejorar de forma continua los niveles de seguridad y salud en el trabajo.
 
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, destacó que es la primera vez que se elabora una estrategia de 'tal amplitud y envergadura' y subrayó que la preocupación por la seguridad y salud en el trabajo 'es una de las prioridades de la política laboral del Gobierno'. 

La estrategia española contiene más de un centenar de medidas sobre la educación, la formación, la I+D+i y la salud, que persiguen concienciar a la sociedad de la necesidad de prevenir los riesgos laborales. Asimismo, contempla medidas para empresas, trabajadores y servicios de prevención, y tiene la vocación de llevar a las pymes la prevención de riesgos laborales de manera fácil y eficaz.

Los objetivos a cumplir se agrupan en dos grandes apartados: por un lado, los que se refieren a la prevención de riesgos laborales en la empresa, que tienen como destinatarios a los empresarios y los trabajadores; y por otro lado, los que se refieren a las políticas públicas de lucha contra la siniestralidad laboral, cuyos destinatarios son las administraciones públicas.

Formación
La formación constituye un pilar básico en esta iniciativa, desde la que se pretende alcanzar una concienciación y sensibilización social a través de la formación en prevención de riesgos laborales en todas las etapas del sistema educativo y especialmente en la formación continua y en la universitaria.

Además de la elaboración de un Plan Nacional de Formación en Prevención de Riesgos Laborales, se promoverá el acceso a la formación en materia de seguridad y salud laboral de los trabajadores autónomos.

Asimismo, se simplifica la documentación a cumplimentar por las pequeñas y medianas empresas, a las que se facilitará asistencia pública para la organización de actividades preventivas. Es más, a las empresas que tengan un menor índice de siniestralidad laboral se les aplicará una reducción en sus cotizaciones sociales.

En este sentido, habrá programas específicos de control y vigilancia de empresas y actividades con altos índices de siniestralidad, y se pondrán en marcha planes concretos para garantizar la efectividad de la prevención de riesgos entre los trabajadores.

En los convenios colectivos de ámbito sectorial se negociará la creación de órganos específicos sectoriales, formados por representantes de los empresarios y los trabajadores, que desarrollarán programas con el objetivo de divulgar e informar sobre los riesgos profesionales del sector. Estos programas se dirigirán a empresas de entre 6 y 50 trabajadores, que no cuentan con representación sindical.

La estrategia, incrementará los efectivos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y creará además un Observatorio Estatal de Condiciones de Trabajo y una red de institutos públicos para la investigación en prevención de riesgos y se reformará y reforzará el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) para potenciar su función investigadora.