El impacto de la nueva Ley del Suelo, que entró en vigor el pasado julio, será mayor de lo previsto
El problema radica en que el suelo adquirido antes de que entrara en vigor la nueva legislación no contemplaba los nuevos baremos de valoración. Desde el pasado mes de julio, las tasadoras valoran los terrenos muy por debajo del precio de mercado anterior, porque tanto el suelo rural como el urbanizable dependen ahora de sus rendimientos agrícolas.
A la caída de las ventas y el endurecimiento de las condiciones que bancos y cajas imponen para conceder financiación, los promotores añaden ahora una nueva preocupación: la Ley de Suelo contempla la posibilidad de expropiar a los propietarios de terrenos si transcurrido el plazo impuesto por el planeamiento municipal, no han iniciado el desarrollo urbanístico de sus solares. Si las normas locales y autonómicas no estableciesen plazos concretos, la ley estatal decreta que sea de tres años. Se trata con ello de garantizar el cumplimiento de la función social que otorga la nueva ley a la propiedad inmobiliaria.
En definitiva, las expectativas de futuro ya no cuentan a la hora de tasar el suelo. La ecuación es sencilla: las inmobiliarias y constructoras compraron terrenos a precios altos, inflados por la burbuja inmobiliaria; y los bancos y las cajas financiaron esas compras, que hoy, en algunos casos valen una quinta parte de lo que se pagó por esos activos.
Fuentes informativas: Expansión y Cinco Días.
