El Ministerio de Fomento exigirá empleados fijos en los concursos de obras públicas
Lo que ha causado “sorpresa y decepción” en el sector son las obligaciones de carácter social que, de incumplirse, pueden traducirse en la imposibilidad de participar en el mercado de obra pública por espacio de un año. “Eso supondría llevar a la quiebra a muchas empresas”, advierten. El Ministerio obliga a los adjudicatarios del contrato de obra a “que el personal laboral fijo que se emplee para la ejecución del proyectos sea al menos el 40% del total”.
Además, si las condiciones del mercado laboral lo permiten, la constructora debe reservar a empleo femenino un porcentaje equivalente a “diez puntos porcentuales por encima de la media nacional del sector de la construcción”. Es decir, si las mujeres representan el 5% de la fuerza laboral de la construcción, la compañía está obligada a reservar un 15% de los puestos de trabajo que genere el proyecto a mujeres.
Ofertas “desproporcionadas”
El control de las “bajas temerarias” –ofertas que presentan las constructoras muy por debajo del precio inicial de licitación– se realiza a través de un cambio en el mecanismo que utiliza el Ministerio para evaluar el componente económico de las ofertas. Si antes sólo se consideraba “desproporcionada” una oferta que superaba en diez puntos porcentuales el descuento medio del concurso, ahora el baremo se reduce a cuatro puntos. La empresa que supere ese porcentaje queda excluida.
Hasta ahora, los pliegos del departamento que dirige Magdalena Álvarez daban un amplio margen de maniobra a la hora de aceptar ofertas agresivas. De hecho, en las últimas licitaciones, principalmente en carreteras y ferrocarriles, el Ministerio adjudicó el contrato a empresas con ofertas hasta un 50% por debajo del precio inicial fijado por la Administración.
Para el sector, este tipo de prácticas suponía “transformar los concursos en auténticas subastas, donde las grandes constructores, por su capacidad para asumir riesgos, siempre se llevaban el gato al agua”.
Las patronales y empresas del sector han acogido con agrado este cambio, ya que, en su opinión, devolverá “serenidad” al mercado y evitará riesgos incómodos para la Administración como, por ejemplo, “los modificados” –ampliaciones presupuestarias para corregir deficiencias encontradas durante la ejecución del proyecto.
Fuente: Expansión.com.
