El Ministerio de Fomento pide ayuda a las Comunidades Autónomas para crear un registro de viviendas vacías y un censo de alquileres
Según la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, hay 10.000 en todo el Estado
La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha solicitado la colaboración de las Comunidades Autónomas para crear el registro de viviendas protegidas vacías, con el fin de disponer de datos exactos en un contexto marcado por la situación de exclusión a la que se enfrentan muchos hogares.
En su discurso de apertura de la Conferencia Sectorial de Vivienda, Urbanismo y Suelo, celebrada el lunes 22 de julio, la titular del departamento también afirmó la creación de un procedimiento para facilitar la movilidad laboral. La finalidad de este mecanismo es que las subvenciones a la vivienda se puedan seguir cobrando aun cuando la familia beneficiaria se mude a otra comunidad autónoma.
Además, la ministra anunció que informará y pedirá ayuda a las CCAA sobre la creación de un censo de contratos de arrendamiento previsto por la Ley de medidas de flexibilización y fomento del mercado de alquiler.
En la reunión también se habló de los criterios de distribución territorial del presupuesto para las subvenciones del Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas para 2013-2016.
Dicho plan, que fue aprobado por el Consejo de Ministros a comienzos de abril, cuenta con una inversión cercana a los 2.500 millones de euros del Estado y supondrá la creación de 32.000 empleos gracias a las ayudas directas, lo que unido al efecto multiplicador elevará la creación de puestos de trabajo hasta los 105.000 empleos.
"Somos conscientes de que la situación económica no es fácil, pero juntos podemos hacer más", subrayó la ministra, quien solicitó la colaboración de los consejeros autonómicos en todos los puntos mencionados.
Dinamizar el sector de la vivienda
Según la ministra, el objetivo de este paquete de medidas es dinamizar el sector de la vivienda para paliar la situación de los colectivos más vulnerables, mejorar el estado de conservación de los edificios, garantizar la calidad de los hogares y permitir la reconversión del sector de la construcción.
Todo ello en un contexto marcado por un parque de 26 millones de viviendas (15 millones de ellas con más de 30 años y 6 millones con 50 años de antigüedad) y un mercado del alquiler que representa tan solo el 17 %, muy por debajo del 83 % de la vivienda en propiedad.
