Gobierno, jueces y fiscales endurecen la persecución legal de los accidentes laborales
Según el documento que han elaborado conjuntamente los tres organismos, el objetivo es 'coordinar una política firme y eficaz que logre reducir de manera real las altas cifras de siniestralidad laboral y, al mismo tiempo, evitar la impunidad de sus responsables'. Políticos, jueces y fiscales han acordado que estos últimos ejerzan un control mayor sobre la ejecución de las sentencias recaídas por este tipo de delitos. En bastantes casos, los empresarios condenados han logrado continuar con su actividad, pese a ser inhabilitados para ello.
Los tribunales también asumirán su parte de responsabilidad en este problema, y requerirán al Registro Mercantil que informe de todas las sociedades en las que aparezcan los condenados para evitar que las prohibiciones impuestas no se lleven a cabo.
Otra de las medidas incluidas en el citado protocolo de actuación contra la siniestralidad laboral se refiere a la diligencia con la que se ha de llevar a efecto la investigación de estos accidentes, con el objetivo de evitar que se puedan destruir pruebas desde un principio.
Jueces e inspectores colaborarán para que los segundos puedan personarse con la mayor rapidez posible en el lugar del siniestro. Los instructores judiciales, por su parte, podrán ordenar el precinto del centro, lugar o puesto de trabajo donde se haya producido el accidente hasta que finalice la investigación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Además, algunos tribunales estudian cambiar su doctrina para que se pueda enviar a la cárcel a los dueños de la empresa donde ocurra un accidente, lo que ya pasaba si el siniestro tenía consecuencias mortales y se demostraba que había existido negligencia o imprudencia grave por parte de la compañía.
Avance de datos del Ministerio
Por otra parte, según datos publicados ayer por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, al finalizar el año 2006, el índice de incidencia de los accidentes totales se redujo un 1,3%, respecto al año 2005. Este dato es muy favorable dado que durante el pasado año la población afiliada se incrementó un 4,6% y, sin embargo, el índice de incidencia, que establece la relación entre el número de accidentes de trabajo por cada 100.000 trabajadores, ha reflejado un descenso.
Aunque los accidentes en construcción subieron un 5,8%, y alcanzaron la cifra de 255.636, en este sector la población trabajadora ocupada aumentó un 9,7%, y, sin embargo, el número de accidentes mortales descendió un 3,2%, al registrarse 299, 10 menos que en los doce meses anteriores. También descendieron los graves, un 4%.
Fuente informativa: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y Consumer.
