La CEOE propone al Ministerio de Economía un plan de infraestructuras de 23.350 millones financiado en un 90% por capital privado
CEOE ha propuesto al Gobierno un plan de infraestructuras que supone invertir un total de 23.350 millones de euros en el periodo 2005-2012, principalmente en carreteras, ferrocarril y desaladoras, a financiar por el capital privado prácticamente en su totalidad, en un 90 por ciento (21.850 millones).
Del resto, 1.000 millones provendrán de fondos comunitarios y sólo los 500 millones restantes de los Presupuestos Generales del Estado, según explicaron en rueda de prensa el presidente de la patronal, José María Cuevas, y el presidente de la Comisión de Infraestructuras de la Confederación, Enrique Aldama.
No obstante, el plan supondrá un coste para el Estado de 22.000 millones de euros, a razón de una aportación de 900 millones de euros anuales durante 40 años a partir de 2008, por las anualidades deberá realizar a los sistemas de financiación propuestos, principalmente el 'peaje en sombra'.
Aldama garantizó que el plan no presentará a la Administración un coste mayor que asumir esta inversión con capital público, y aseguró que la aportación estatal estimada equivale al incremento del presupuesto esperado sólo para el capítulo de carreteras en los próximos años.
El también presidente de Seopan, la patronal de grandes constructoras, garantizó que 'el sector financiero mundial cuenta con flujos de capital y capacidad para financiar hasta 1.000 planes como éste'. Aldama confesó haber recibido ya ofertas de distintos bancos desde que comenzó a trascender la iniciativa.
Sustitución de fondos de la UE
Cuevas y Aldama justificaron su plan con la necesidad de garantizar la inversión en dotaciones básicas para la economía y competitividad de España cuando, a partir de 2007, se recorten los fondos procedentes de la UE.
CEOE calcula que el descenso de recursos europeos provocará una reducción de 20.600 millones de euros para proyectos de Medio Ambiente e Infraestructuras entre 2007 y 2012, esto es, unos 3.500 millones anuales. Esta merma de fondos se traducirá, según la patronal, en pérdidas de 100.000 empleos, un 0,5% del Producto Interior Bruto (PIB) y una 'desaceleración' del proceso de convergencia.
La patronal considera que esta diferencia debe asumirla el sector privado, dada la imposibilidad de obtenerla del presupuesto por las exigencias de estabilidad. Para ello, la patronal apuesta por sistemas de financiación mixtos, como el de colaboración público-privada que, según afirma, permite no computar en déficit la aportación estatal toda vez que el promotor privado asume todo el riesgo de las obras, y el de 'peaje en sombra' (la empresa construye la obra y la Administración paga en función de tráfico). Como fórmula totalmente extrapresupuestaria sólo incluye el pago de peaje convencional.
Fuente y más información: Europa Press
