La Ley de Suelo supera el debate de enmiendas a la totalidad presentadas por PP y CiU
Todas las formaciones, salvo el grupo socialista, mostraron su desacuerdo ante la presunta invasión de competencias autonómicas que supone la Ley. Por ello, todos los grupos, salvo PSOE y PP, señalaron que decidirán su posición definitiva ante el texto tras el debate de enmiendas parciales. El PSOE ratificó su apoyo al mismo, mientras que el PP confirmó su voluntad de devolver el texto completo.
Las críticas de la mayoría de los grupos al proyecto de ley se centraron, además, en la supuesta inutilidad del proyecto frente a la corrupción urbanística, en la definición de un tope de participación de los ayuntamientos en las plusvalías de las actuaciones urbanísticas, sin que se plantee poder ampliarlas más allá del 20%, y en el régimen de valoración de suelos ante los problemas que ocasionará en las poblaciones agrícolas.
Pese a que Trujillo adelantó en su comparecencia que el proyecto de Ley de Suelo supone “un marco que coexistirá con los modelos urbanísticos autonómicos, y que supone un uso innovador de los títulos competenciales”, los grupos centraron sus críticas en una supuesta vulneración de las competencias autonómicas en materia de urbanismo y ordenación del territorio.
Asimismo, la práctica totalidad de los grupos parlamentarios aseguraron que la Ley de Suelo no podrá acabar con los casos de corrupción. El portavoz del grupo popular, Pablo Mato, indicó que “el texto propuesto no contempla ningún artículo que especifique cómo se llevará a cabo el control de la corrupción”.
Polémica en torno a la cesión del 25% del suelo
Uno de los puntos que centrarán gran parte del debate de las enmiendas parciales será la reserva del 25% para los ayuntamientos para la construcción de VPO, cuestión en la que surgieron discrepancias entre los diferentes grupos parlamentarios.
Desde el PP se señaló que esta medida 'no es necesaria, ya que no es nada nuevo si se tiene en cuenta que muchas comunidades autónomas ya cuentan con reservas aún mayores que la establecida en la Ley de Suelo”, y citó a Andalucía (30%), Castilla La Mancha (50%) o Navarra (50%).
Por su parte, Manuel Martí, secretario general de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE), afirmó que “la imposición de mayores controles para las actuaciones urbanísticas significará el aumento de tiempo y costes tanto directos derivado de los papeles que hay que producir, como del coste financiero por la mayor lentitud burocrática”.
Fuente informativa: Europa Press y Urbaniza.com.
