La licitación de obra pública se ralentiza, y desciende en julio y agosto
Hasta ahora el Gobierno español había depositado en la obra pública una buena parte de sus esperanzas para compensar el fuerte retroceso del mercado residencial. La aceleración de las inversiones contempladas en el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT) por valor de 240.000 millones hasta 2020 formaba parte de la estrategia definida por el Gobierno para mitigar los efectos del pinchazo de la burbuja inmobiliaria sobre la actividad y el empleo.
Sin embargo, los datos disponibles de los ocho primeros meses del año muestran que la licitación de obra pública, que se mantenía en cifras similares a las del mismo periodo del año 2007, ha descendido en julio y agosto, meses en los que se ha ralentizado bruscamente la dependiente del Ministerio de Fomento, la principal unidad inversora del Gobierno. Según los datos registrados hasta septiembre, el Ministerio de Fomento sólo adjudicó proyectos por un importe de licitación de 7.680 millones de euros, lo que significa una caída del 45% con respecto al mismo periodo de 2007.
Una de las causas de esta fuerte desaceleración es la menor actividad de la Dirección General de Carreteras, uno de los mayores organismos de inversión de la Administración, que evidencia en términos comparativos con 2007, año en el que el Ministerio de Fomento licitó los contratos de conservación de las autovías de primera generación por importe de más de 5.500 millones de euros -en régimen de concesión para los próximos 19 años-, que no se está compensando ese plan en 2008 con proyectos de similares magnitudes.
La Dirección General de Carreteras tiene prácticamente acabados varios proyectos importantes que aún no han sido licitados, en parte por su compleja tramitación del Estudio de Impacto Ambiental –dependiente del Ministerio de Medio Ambiente-, y en parte porque el deterioro de los ingresos del Estado puede estar forzando la necesidad de reequilibrar los presupuestos para compensar el aumento del gasto público asociado al desempleo. En cualquier caso este Ministerio se comprometió públicamente antes del verano a invertir en los próximos cuatro años varios miles de millones de euros en 1.600 kilómetros de nuevas autovías -8.000 millones de euros-, 500 kilómetros de autopistas de peaje y nuevos contratos de concesión para la conservación de otros mil kilómetros de autovías ya existentes.
La necesidad de aumentar el gasto en creación de infraestructuras viene motivado no sólo por la situación de crisis de la economía española –que afecta directamente al sector de la construcción por la severa caída de la actividad inmobiliaria-, sino también por la paulatina desaparición a partir de este año 2008 de las ayudas comunitarias para cofinanciar la creación de infraestructuras que viene disfrutando España en los últimos veinte años, que puede suponer la pérdida de unos 20.000 millones de euros durante el periodo 2007-2012. Para mantener el ritmo inversor de los últimos años, el Gobierno ha de cubrir este diferencial, en opinión del sector, mediante más gasto público o acudiendo a los sistemas de colaboración público-privados.
Fuente: Expansión y elaboración propia.
