La ministra Trujillo propone mecanismos para evitar el fraude en la venta de VPO
Una de las más llamativas es que el Gobierno obligará a las Comunidades Autónomas a crear un registro de demandantes de casas protegidas para evitar el fraude que se produce en las segundas y posteriores ventas. Se pretende evitar así que los propietarios de estas viviendas las vendan en el mercado libre, como sucede habitualmente. Además, las casas protegidas mantendrán dicha calificación durante toda su vida útil, sin posibilidad de descalificación voluntaria y sólo podrán ponerse a la venta a los diez años de su vida. Pasado este periodo, se podrá poner a la venta al público con el precio protegido actualizado con el IPC.
El Ministerio de Vivienda también plantea la creación de una nueva categoría de casas protegidas, con un precio un 20% superior al de la Vivienda de Protección Oficial (VPO), y dirigida a familias con ingresos anuales comprendidos entre 31.000 y 37.000 euros, aproximadamente, lo que representa 5,5 y 6,5 veces el Indicador Público de Rentas con Efectos Múltiples (IPREM).
En cuanto a medidas relacionadas con el suelo, el borrador contempla potenciar las ayudas a patrimonio de suelo público, así como subvenciones a la compra de terrenos para la construcción de VPO. En el área de la rehabilitación, incluye ayudas dirigidas a barriadas o centros históricos, y para casos aislados subvencionará las iniciativas de mejora de accesibilidad, eficiencia energética o aislamiento.
El Plan de Vivienda 2005-2008 tiene como objetivo invertir más dinero en fomentar la política del alquiler que en el de compra de casas, y se espera que el próximo mes de junio el Consejo de Ministros autorice los objetivos y los gastos.
Fuentes informativas: El Mundo y Cinco Días.
