Los promotores inmobiliarios solicitan a la Administración que avale hasta el 20% de la compra de una vivienda

La Asociación de Promotores Constructores de España (APCE) ha elaborado un documento con una serie de propuestas para el Gobierno que resulte elegido el 20 de diciembre. Entre las medidas proponen que los Gobiernos estatal y autonómicos avalen la financiación de una parte del precio de la vivienda que no haya sido cubierto con el préstamo hipotecario. Según los promotores, con esta propuesta, los jóvenes que accedan a su primera vivienda sólo tendrían que disponer de una cantidad más pequeña para comprar.

A este respecto, el presidente de la asociación nacional, Juan Antonio Gómez-Pintado, ha afirmado que “los Gobiernos deberían ofrecer una garantía a la entidad que concede el crédito de en torno al 15-20%, lo que posibilitaría a la entidad financiera ampliar el préstamo hasta el 95%. El comprador sólo debería disponer de un 5% para poder acceder a la vivienda”.

Otra de las demandas de APCE pasa por la creación de un marco económicamente viable para la Rehabilitación y Regeneración Urbana, como una alternativa a los más de 5 millones de edificios que están construidos en España sin ninguna normativa de ahorro energético, y frente a los casi 3 millones que tienen más de 50 años.

De esta manera, proponen que se revisen los marcos regulatorios en los que está inmerso el sector inmobiliario, para evitar duplicidades y plazos incumplibles. Su objetivo último es el desarrollo de una Ley de Armonización de la Normativa Urbanística que contribuiría a lograr una mayor eficacia en los procesos.

Para Gómez-Pintado, “resulta inexplicable que en España contemos con más de 100 normas urbanísticas autonómicas y más de 5.000 ordenanzas municipales que afectan a nuestro sector. Esto sólo conlleva una terrible inseguridad para los inversores y para los compradores que no saben cuándo obtendrán su vivienda”.

Por último, los promotores consideran imprescindible adoptar medidas para paliar el principal problema que obstaculiza la reactivación de la producción de vivienda, la financiación, a través, entre otras medidas, de la reactivación de las titulizaciones hipotecarias, el acceso a la financiación no bancaria (crowdfunding, la fiducia inmobiliaria, acceso al MAB y MARF), la divulgación de las distintas formas de financiación a través de Fondos Estructurales españoles y europeos, como el recientemente creado European Fund for Strategic Investment (EFSI), y, finalmente, el freno al embalsamiento del stock de suelo.