Nueva regulación del subsistema de formación profesional para el empleo
La integración de las modalidades de formación en un sistema único favorecerá el acceso a la formación de toda la población activa, con objeto de promover el aprendizaje permanente para la competitividad, el empleo y el desarrollo personal y profesional de los trabajadores.
Además, la norma aprobada plantea un modelo de formación para el empleo que conjuga la realidad autonómica del Estado y la inserción de la formación en la negociación colectiva de carácter estatal, con respeto a las competencias de gestión de las Comunidades Autónomas.
Después de trece años de vigencia de ambas modalidades en el ámbito laboral, era necesario introducir una serie de mejoras que permitieran adaptar la formación dirigida a los trabadores ocupados y desempleados a la nueva realidad económica y social, así como a las necesidades que demanda el mercado de trabajo.
Los destinatarios de la formación profesional para el empleo son todos los trabajadores ocupados y desempleados, incluidos los que no cotizan por formación profesional. En ambos colectivos podrán tener prioridad para participar en las acciones aquellos trabajadores con mayores dificultades de inserción o de mantenimiento en el mercado de trabajo.
Apoyo a las pequeñas y medianas empresas
Las empresas dispondrán anualmente de un crédito para la formación de sus trabajadores, que compensará total o parcialmente los costes de la formación que realicen. Este sistema de formación de demanda responde a las necesidades específicas de empresas y trabajadores, y traslada la ayuda hasta sus usuarios directos, por lo que la formación que planifiquen y gestionen las empresas podrá ser financiada mediante la aplicación de bonificaciones en las cuotas de Seguridad Social.
Con objeto de extender y generalizar el acceso de las pequeñas y medianas empresas, éstas podrán beneficiarse de medidas específicas en el tratamiento de sus bonificaciones y tendrán la opción, además, de agruparse con otras para participar en actividades formativas y compensar los costes que pueda suponer la externalización de las mismas.
Más de 2.200 millones de euros
El presupuesto destinado al nuevo modelo asciende a 2.235.875.000 euros, de los que más de 1.800 millones, el 81%, tienen su origen en la recaudación de la cuota de formación profesional y el 19% restante, en las ayudas del Fondo Social Europeo.
Según los cálculos realizados, se estima que las empresas que realicen actuaciones en formación pasen de las 88.900 que lo hicieron en 2006, a 303.500 en 2010, y de 1.146.600 trabajadores que la recibieron el pasado año, a 2.224.187, es decir, más de cuatro puntos porcentuales por encima de lo establecido en la Estrategia de Lisboa. Además, el incremento en 130.000 empresas se concentra en los tramos más pequeños, por lo que se acelera la presencia de las pequeñas y medianas empresas en el sistema de formación respecto al actual.
El origen de la norma aprobada está en el Acuerdo de Formación Profesional para el Empleo, suscrito en febrero de 2006 por el Gobierno y los interlocutores sociales dentro del proceso de Diálogo Social, y plantea un modelo de formación que respeta la competencia de gestión de las Comunidades Autónomas, así como el papel de los agentes sociales.
El texto ha sido objeto de un amplio debate y consulta con las Comunidades Autónomas y ha sido informado por la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales.
Fuente informativa: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
