Gobierno central y comunidades acuerdan luchar juntos contra el fraude en las ventas de VPO

Adquirir una vivienda de protección oficial (VPO) y al cabo de unos años venderla en el mercado libre con unas jugosas plusvalías, que en una buena parte quedan libres de impuestos, es una práctica bastante extendida.

Conscientes de que son cuantiosos los recursos públicos que se necesitan para dar vivienda a las rentas más bajas (sólo el Ministerio de Vivienda destinará más de 6.800 millones de euros en los próximos cuatro años a esta política), todas las administraciones se han puesto de acuerdo en luchar de manera conjunta para poner coto a este fraude, y para ello han diseñado una serie de medidas.

El Ministerio que dirige María Antonia Trujillo ultima la orden ministerial por la que entrará en funcionamiento el Registro Estatal de Viviendas Protegidas, uno de los principales instrumentos con los que se prevé reducir el número de compraventas ilegales.

El citado organismo será el encargado de grabar en sus archivos todas las actuaciones en materia de vivienda que tengan como consecuencia una ayuda pública. Deberá recopilar los datos de todos los beneficiarios de ayudas o subvenciones para comprar o alquilar una vivienda, tanto ciudadanos particulares como empresas promotoras o cooperativas, así como los incentivos que se concedan a la rehabilitación y a las operaciones de adquisición de suelo.

La nueva normativa establece dos supuestos, dependiendo del tiempo transcurrido desde la primera adquisición: si la casa tiene menos de 10 años, el titular de la VPO deberá comunicar a la comunidad donde resida su intención de venderla y pedir un permiso para poder hacerlo. Las autoridades regionales lo autorizarán siempre que se cumpla uno de los criterios que prevé la legislación (traslado por motivos laborales, haber sido víctima de violencia de género o terrorismo o variación en la composición de la familia).

Una vez reciba la autorización podrá vender la casa a un precio tasado, al valor que marcó cuando se compró le podrá añadir año a año una revalorización equivalente al aumento del IPC. Además, a cambio de lo que estaba establecido hasta ahora, quienes decidan vender antes de 10 años no tendrán que devolver las ayudas recibidas. Transcurridos 10 años, la venta no necesitará permiso alguno ni justificación ante la comunidad. Se le aplicará la misma tabla de actualización de precios, con un tope del doble del precio al que se compró el inmueble.

Una de las grandes novedades que va a introducir la normativa antifraude es que los vendedores de viviendas protegidas no podrán elegir a sus compradores: tendrán que acudir a los registros autonómicos o listas únicas de demandantes que deben abrir las comunidades, y buscar entre sus integrantes quién quiere una casa como la que se vende en ese momento.

Cobrar por un piso protegido el precio máximo que determina la comunidad autónoma, pero tratar de convencer al futuro propietario de que si quiere muebles en la cocina deberá pagarlos como si de una plaza de garaje se tratara es fraudulento e ilegal, y no por ello menos frecuente. El plan contempla que una forma de frenar estas actividades por parte de cooperativas y promotoras es que también estas empresas deban ir a las listas de demandantes a ofertar sus viviendas.

Fuente informativa: Cinco Días.