El Gobierno adapta la directiva europea sobre contratación de la obra pública y elabora un anteproyecto de ley
El Ejecutivo, tras la exigencia comunitaria de adaptar la legislación española a la directiva europea sobre contratación de la obra pública, ha elaborado un anteproyecto de ley que, según ha publicado el diario Expansión, ha levantado la ira de la práctica totalidad de los agentes privados del sector.
El texto, presentado por el Gobierno el pasado diciembre, no gusta ni a los ingenieros ni a los constructores, principales afectados por la reforma normativa, aunque ha recibido el visto bueno de los sindicatos al incluir criterios sociales y medioambientales en la adjudicación de las obras.
Las constructoras, representadas por la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), expresaron su descontento con la nueva ley, al considerar que “lejos de mejorar la normativa, introduce inseguridad jurídica, algo que el Ejecutivo pretendía superar”.
La postura de la patronal se ha visto reforzada por el dictamen del Consejo de Estado sobre el texto legislativo, al constatar que “existen lagunas en la estructura misma de la ley y la redacción de varios artículos no es todo lo buena que debería para garantizar la buena marcha del sector constructor”. Asimismo, el Consejo de Estado rechaza “los criterios sociales y medioambientales como elemento determinante para adjudicar un proyecto a una determinada empresa (entre los que destaca la obligatoriedad de que el 50% del personal sea femenino), así como la utilización de la subasta electrónica y la actual redacción del sistema de fijación de precios”. Y, además, asegura que “no es necesario un replanteamiento sistemático de la regulación como el que ahora se aborda”.
El anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público amplía el carácter subjetivo de la norma, establece un nuevo procedimiento de adjudicación (el diálogo competitivo), y abre nuevas posibilidades de articular la licitación mediante la subasta electrónica, la adjudicación provisional y la definitiva. Asimismo, introduce criterios sociales y medioambientales en la adjudicación de las obras y racionaliza la contratación a través de sistemas dinámicos de adquisición, centrales de contratación y acuerdos marco, estableciendo nuevas condiciones de solvencia para el empresario y recurso especial en materia de contratación.
Fuente informativa: Expansión.
