Blanco anuncia una ley que obligará a revisar los edificios de más de 40 años en municipios de más de 25.000 habitantes

Blanco adelantó este nuevo proyecto legislativo, al que se dará luz verde en las próximas semanas, durante su participación en una mesa redonda, en el marco de la Convención Municipal que el PSOE celebró el pasado fin de semana en Sevilla.

Según detalló, la futura norma reforzará los contenidos de la Ley de Economía Sostenible, cuya tramitación parlamentaria se encuentra ya muy avanzada. Además, añadió que la ley ofrecerá instrumentos que facilitarán la gestión y la cooperación entre administraciones para la rehabilitación de edificios, e introducirá facilidades para la financiación de las mismas así como la regulación básica en relación con la calidad de las edificaciones.

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Entre las novedades del proyecto avanzó que se introducirá la obligación de la inspección técnica de edificios de uso residencial que tengan más de 40 años (contados a partir de su construcción o rehabilitación completa) y que se ubiquen en municipios de más de 25.000 habitantes. Esto se hará determinando una regulación básica estatal para la inspección técnica de edificios, que fijará también que la inspección tendrá una periodicidad mínima no superior a quince años.

Además, se habilitará que se incluya la certificación de la eficiencia energética de las viviendas, tal y como exigirá la Ley de Economía Sostenible, para las edificaciones nuevas que se pongan en venta o alquiler.

Fuentes socialistas han explicado que lo que se pretende es plantear criterios básicos de calidad y sostenibilidad del medio urbano, que constituirán el marco mínimo en el que las Comunidades Autónomas podrán desarrollar los suyos propios.

Entre otras medidas, la norma permitirá realizar y obtener de manera voluntaria certificaciones de calidad y sostenibilidad de nuevos desarrollos urbanos o de actuaciones sobre suelos urbanos ya transformados, así como crear sistemas de auditorías al respecto.

En esta línea, se creará en el Ministerio de Fomento un registro estatal de dichos sistemas. Igualmente, se establecerán fórmulas para la financiación y gestión de las actuaciones de rehabilitación de edificios y de regeneración urbana.

Fuente informativa: El Mundo.