“Deslocalización sin salir de casa”
Creo, en mi modesta opinión, que ante el desempleo galopante, dadas las situaciones de verdadera necesidad y desesperación de un buen número de trabajadores, que es obligación de todos denunciar situaciones de verdadera injusticia social, que cierto es tiene su origen en los sistemas puramente economicistas de adjudicación de obra por parte de las distintas administraciones; estos sistemas obligan a las empresas a hacer bajas del 30 o 40%, lo que trae como consecuencia que se intente recuperar una parte muy importante de esas bajadas a través de un menor pago a los trabajadores, fundamentalmente de las subcontratas.
Es evidente que con esos sistemas y prácticas todo lo que respecta a Seguridad en obra es pura teoría.
En Euskadi sabemos innovar: ahora la deslocalización se da sin salir de casa. La realidad que se está viviendo en el sector de la construcción es motivo de preocupación y, por qué no decirlo, de cabreo para un sindicato como CCOO. Existen ciertas empresas, por llamarlas de alguna manera, que parecen haber descubierto un nicho de negocio muy lucrativo en plena crisis. Lo de “nicho” adquiere especial relevancia en este caso, ya que el beneficio de estas empresas se basa en “enterrar” los derechos laborales y olvidar la aplicación de los convenios provinciales de la construcción. Hablamos de organizaciones que empezaron teniendo su domicilio social en otros países de la UE, pero que cada vez actúan con más impunidad o astucia, hasta el punto de que empiezan a establecerse en nuestro territorio, siendo subcontratadas por las empresas que resultan adjudicatarias de obras públicas. Puede decirse con rotundidad que son “traficantes de mano de obra”.
Remitirnos a las cifras puede ser esclarecedor. Obligan a sus trabajadores y a jornadas que rondan las 11 o 12 horas diarias, incluyendo un mínimo de dos sábados al mes. Se pagan a una media de entre 6-8€ /hora, cuando el convenio del sector en Bizkaia, establece la hora ordinaria a 14,56 euros, la extraordinaria a 17,01 y la extraordinaria festiva a 34,02. Los “piratas” de los que hablamos no distinguen entre una y otra, con lo que las cantidades que estafan a los trabajadores por cada hora de trabajo ya resultan muy ilustrativas. Para un salario bruto mensual con esa jornada, según convenio, estaríamos hablando de 3.894€, cuando serían unos 1.888€ los que estarían pagando estas empresas.
Lo mismo sucede en cuanto a la jornada total anual, días por compensación de horas, vacaciones, etc., incluso podríamos ir simplemente al Estatuto de los Trabajadores, y constatar que estas empresas hacen sencillamente lo que les da la gana. El precio que estamos pagando, no ya los trabajadores del sector, sino la sociedad vizcaína (y vasca, ya que ocurre en todo nuestro territorio), es excesivo. Se trata de un auténtico dumping social, sólo comparable en cuanto a impacto sobre el mercado de trabajo a la tan temida deslocalización. En un año en el que se han destruido un 10% de los puestos de trabajo en el sector de la construcción en Euskadi con respecto a 2009, la existencia de jornadas de este tipo sólo tiene un calificativo: inasumible. En una estimación de las menos agoreras, aproximadamente un 15% de los trabajadores del sector, a día de hoy, se ven obligados a realizar estas jornadas inacabables, con más de 2.000 personas trabajando para los mencionados traficantes. Esto significa que en Bizkaia, por ejemplo, podrían crearse 1.500 puestos de trabajo si se cerrase la puerta a estos mal llamados empresarios.
Hay que dejar claro que este no es un conflicto entre trabajadores; cuando hablamos de creación de empleo, no estamos hablando de nacionalidad o lugar de origen de los trabajadores. El clima de malestar que se está generando es fruto de un incumplimiento empresarial. Un fraude que además tiene más efectos perversos y que tiene que ver con lo que recaudan las instituciones, por la vía de los seguros sociales de los trabajadores, que dejan de cobrarse, y los impuestos que dejan de satisfacerse. ¿O alguien creía que estas empresas sólo iban a recortar gastos por la vía de pagar miserias a sus empleados? Aquí hablamos de 600 euros más por trabajador que estos traficantes se estarían “ahorrando”, por impagos de sus impuestos.
Pero, ¿y las empresas que cumplen escrupulosamente con el convenio y la legalidad fiscal y laboral? Simplemente se están encontrando con un enemigo que no respeta las reglas del juego, con resultados desastrosos: el cierre de éstas y la consiguiente pérdida de empleo. Mientras las empresas legales facturan la hora entre 26-27 euros; las ilegales lo hacen a 16. La diferencia es tal que ofrece pocas dudas. Si tenemos en cuenta que las empresas nacen para generar beneficios, ¿cómo es posible que alguien en su sano juicio crea que es posible cumplir con la ley y facturar a 16 euros la hora?
Y eso no es lo más inquietante. En todas y cada una de las obras públicas que vemos en nuestro entorno, que se hacen con nuestros impuestos, nos encontramos con empresas subcontratadas de este tipo. ¿A quién le interesa este desorden tan bien organizado? ¿Debemos pensar que la Administración no conoce esta realidad? ¿Que no sabe que las rebajas de hasta el 40% en las adjudicaciones de las obras la estamos amortizando los trabajadores, sufriendo la explotación a cara descubierta? ¿Por qué nos convierte a la ciudadanía de este país en cómplices de un juego perverso, que a la postre sólo beneficia a los defraudadores?
En CCOO de Euskadi estamos permanentemente interponiendo denuncias contra estas empresas, ante la Inspección, la Fiscalía, así como ante la opinión pública. Hemos mantenido distintas reuniones con las principales empresas que operan en Bizkaia, con la Consejería de Trabajo, etc.. Nos queda claro que los primeros responsables, sin duda, son las propias Administraciones, por los perversos métodos de adjudicación de obras que para nada tienen en cuenta factores tan importantes como la prevención, en definitiva, a los trabajadores. Visto el nulo resultado, ya adelantamos un endurecimiento de las acciones, usando todos los medios que la acción sindical y la legalidad dejan a nuestro alcance.
Hacemos un llamamiento al resto de sindicatos, así como al conjunto de trabajadores del sector, para entre todos erradicar de las obras este cáncer.
Nuestra exigencia es simple: que se aplique el convenio, fundamentalmente en dos aspectos: jornada y salario.
