Las ingenierías, dispuestas a luchar contra el sistema de licitaciones por precio

Las ingenierías quieren poner fin al sistema de licitación por el que las Administraciones contratan, en la práctica, con el precio como único criterio, convirtiéndose los procesos en subastas. Las patronales han tomado la decisión de recurrir todos los contratos en los que el valor económico sea el criterio determinante y, para ello, van a apoyarse en una directiva comunitaria y en la ley de contratos del Estado.

En estos casos, la oferta económica tiene un peso de entre el 60% y el 75%. Uno de los detonantes que ha hecho que se haya llegado a este punto ha sido el contrato de arquitectura de La Sagrera, la segunda estación del AVE de Barcelona, que Adif adjudicó por 1,28 millones de euros, sin IVA, con una bajada del 59% sobre el precio de licitación. La empresa ganadora, Euroestudios, obtuvo la mejor puntuación en términos económicos, con una ponderación del 75%, pero la más baja en la técnica, con un peso del 25%.

El presidente de Adif, Gonzalo Ferre, defendió esta fórmula porque, a su entender, es la mejor garantía para los contribuyentes. Sin embargo, la Generalitat de Cataluña y cuatro colegios profesionales de la Comunidad se han manifestado en contra de este sistema con el argumento, entre otros, de que un proyecto barato puede convertirse en caro a largo plazo.

Dictamen jurídico

En una reunión informal que tuvo lugar la semana pasada, en la que participaron representantes de la asociación nacional Tecniberia y de todas las territoriales a excepción de la vasca, las ingenierías acordaron elaborar un dictamen jurídico marco, que sirva de base para impugnar en cada caso en el que un concurso se convierta en una subasta. El informe determinará con qué fundamentos jurídicos se recurrirá.

Con la caída de la contratación pública y el cambio de criterios para favorecer las ofertas más baratas, las adjudicaciones se han realizado con bajadas de precios cada vez mayores. Los colegios aseguran que, con muy bajos precios, no se puede pagar a los mejores profesionales, que deben dedicarse a encargos fuera de España, más económicos. Según datos de Tecniberia, el Estado -a través de Fomento, Agricultura y otros ministerios- licitó en 2015 concursos de este tipo por 238 millones, un 12% menos que en 2014.