Nuevo impulso al proyecto Clamber y nuevas ayudas para mejorar la prevención en riesgos laborales
El Gobierno Regional ha dado da "luz verde" al proyecto de la biorrefinería para Puertollano, un ambicioso proyecto, denominado Clamber, y presupuestado en 20 millones de euros, de los que el 80% estará cofinanciado por Fondos Feder y el 20% restante, por la Junta de Comunidades.
El consejero de Presidencia y Administraciones Públicas y portavoz del Gobierno Regional, Leandro Esteban, informó del resultado del último Consejo de Gobierno, y comentó que de momento, lo que se ha hecho es dar luz verde a los trámites administrativos y fijar el presupuesto máximo de licitación en casi 700.000 euros, en 691.152 euros, que permitirán avanzar en una “planta piloto” desde la que se realizarán los procesos de transformación de “residuos de agricultura, ganadería o de la industria agroalimentaria” en “una amplia gama de productos con base tecnológica”, plásticos, biofertilizantes, biocombustibles o biopesticidas.
Esta planta, que tendrá también entre sus consecuencias “la generación de puestos de trabajo”, servirá también para dar “un paso importante con respecto al desarrollo de Clamber, que propiciará, manifestó el portavoz del Gobierno regional, “que Castilla-La Mancha pueda permitirse ser una región más competitiva y dejar de depender, o depender menos, de los combustibles tradicionales, especialmente de los combustibles fósiles”.
Junto a este asunto, el consejero de Presidencia y Administraciones Públicas se refirió también a la orden de la Consejería de Economía y Empleo para establecer las bases reguladoras para conceder 500.000 euros en subvenciones a asociaciones empresariales y organizaciones sindicales con el objetivo de impulsar acciones de asesoramiento en riesgos laborales.
Según destacó Leandro Esteban, se van a establecer “dos modalidades” de acciones o de actuaciones. Por un lado, el asesoramiento se garantizará “in situ, a través de las visitas a las empresas” para informarles de la normativa y de las obligaciones y derechos en riesgos laborales y, por otra parte, “para elevar propuestas técnicas para mejorar las condiciones de seguridad y salud laboral” en los centros de trabajo.
El consejero de Presidencia y Administraciones Públicas hizo especial hincapié en que, una vez esté en vigor esta orden, “el Gobierno regional espera que se traduzca en una reducción en materia de accidentalidad” y reducción de los accidentes de trabajo.
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Fuentes: Tribuna de Toledo y elaboración propia
