El Congreso aprueba la nueva Ley del Suelo que entrará en vigor el próximo 1 de julio
Uno de los objetivos de la ley es el fomento de la vivienda protegida, para lo que se contempla la obligación de establecer una reserva de suelo del 30% de los proyectos urbanísticos que se destinará a la construcción de VPO, con la excepción de los municipios de menos de 10.000 habitantes. Además, establece un porcentaje de cesión de suelo a los ayuntamientos de entre el 5% y el 15%.
La nueva norma, que sustituye a la de 1998, introduce novedades que han suscitado la inquietud de los promotores inmobiliarios. Entre ellas, destaca el nuevo sistema de valoración de los solares, que considera sus rendimientos de explotación y excluye de dicha valoración sus expectativas de revalorización por recalificación. La medida, según los agentes del sector inmobiliario y el PP, únicamente servirá para abaratar las expropiaciones de terrenos.
De hecho, los principales actores del sector inmobiliario consideran que la futura Ley del Suelo no resolverá la crisis que atraviesa el mercado, según los datos de un estudio presentado en Madrid y elaborado por el Instituto de Empresa (IE) y la consultora Gavin Anderson.
El informe 'Política y Urbanismo: Transparencia y Legislación del sector inmobiliario' recoge que esta afirmación es apoyada por el 92% de los encuestados, entre los que se encuentran abogados, promotoras, medios de comunicación, empresas del Ibex-35 y compañías cotizadas en el mercado continuo.
Otro de los datos del estudio señala que los agentes del sector también se muestran críticos con el Ministerio de la Vivienda, ya que el 87% de los encuestados señaló que su creación no ha mejorado la gestión del mercado. En general, todas las administraciones públicas -Gobierno, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos- recibieron una calificación negativa en el informe en cuanto a gestión y control del mercado inmobiliario.
Fuentes: Instituto de Empresa, Expansión y Urbaniza.
