El Ejecutivo agilizará más de 1.600 proyectos parados por motivos ambientales
En un contexto en el que al derrumbe de la construcción le ha seguido el de la industria, el Ejecutivo ha elegido la obra civil y la edificación no residencial como el mejor remedio para impulsar la actividad y el empleo en España. El objetivo es agilizar las obras de competencia estatal que no se han iniciado por no contar con la declaración de impacto ambiental y para ello está negociando cambios en el real decreto ley que regula la tramitación de este documento.
En la última reunión del Consejo Asesor de Medio Ambiente, la directora general de Calidad y Evaluación Ambiental, María Jesús Rodríguez de Sancho, transmitió una primera propuesta a empresarios y agentes sociales para reducir de dos a un año el tiempo medio en el que se tramita la declaración de impacto ambiental. El objetivo, según Rodríguez de Sancho, es consensuar la propuesta con todos los sectores implicados y aprobarla antes de fin de año.
La declaración de impacto ambiental la firma el Ministerio de Medio Ambiente y acredita que una obra no va a producir una alteración negativa sobre el entorno en el que se va a construir. Los promotores que inicien cualquier infraestructura están obligados a obtenerla y sin ella, la obra puede quedar interrumpida sine díe o incluso se le puede denegar la ejecución de la misma.
Según los cálculos del Ejecutivo, hay más de 1.600 proyectos acumulados hasta octubre, con un valor de 80.000 millones de euros, que no se habían iniciado por no contar con este documento. En cada uno de ellos se emplean una media de 766 días para obtener la declaración (desde que la solicita el promotor hasta que la concede Medio Ambiente) y el objetivo pasa por reducirlo a 420. Y para ello, Medio Ambiente ha realizado un estudio en el que se han analizado los plazos de 157 expedientes tramitados en la anterior legislatura con un resultado muy similar: en ningún caso se tardan menos de 619 días, como ocurre con las obras agrícolas, e incluso se pueden demorar hasta los 798 días, como sucede con las infraestructuras de energías.
Las principales modificaciones que se quieren introducir en el real decreto son la de incluir plazos en los procesos que no contaban con ellos y acortarlos en los que sí tenían. De este modo, el proceso de verificación y entrega de la documentación por parte del promotor se limita a tres meses, cuando antes no tenía plazos, mientras que el proceso de alegaciones, verificación de la información o mejora de la misma no podrá exceder de tres meses. 'Si no se contesta en el plazo establecido, el expediente seguirá adelante porque así lo faculta la ley de régimen jurídico', aclara.
Pero el principal cambio, según Rodríguez de Sancho, se quiere introducir en el proceso de redacción de la declaración, que corresponde al promotor, y en el posterior turno de consultas a las personas y organismos afectados. 'Es el punto más delicado y el que más se retrasa en la tramitación del expediente, por lo que queremos pasar de un límite de dos a un año'.
La mayor parte de la responsabilidad recaerá, por lo tanto, sobre el promotor, que antes no tenía ningún límite de tiempo para redactar el estudio y al que ahora se le quiere imponer un máximo de seis meses. Sin embargo, esta medida no se hará extensiva a todas las empresas por las reticencias expresadas por la patronal CEOE ante las dificultades de algunas compañías para ceñirse a esos plazos. Por este motivo, la directora general de Calidad considera que finalmente se harán excepciones en el real decreto.
Rodríguez de Sancho prevé también una fuerte agilización de la tramitación a través de la creación de una base de datos, disponible a finales de año, que permitirá acceder y consultar los trámites a través del ordenador. 'Se avanzaría mucho si las alegaciones y el proceso de información pública se pudieran hacer de forma directa a través de Internet', apunta.
Fuente: Cinco Días.
