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El Gobierno lanzará un plan de 20.000 millones de euros para infraestructuras hidráulicas

Contempla recurrir a la financiación privada para costear los proyectos previstos
Noticia del sector
Después del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT) 2005-2020, y del programa de construcción de desaladoras (incluido en el Plan Agua), el Gobierno y las Comunidades Autónomas están a punto de lanzar el mayor plan de inversión en infraestructuras hidráulicas, que contempla unos recursos mínimos de 20.000 millones de euros en los próximos 10 años.

En concreto, el Ministerio de Medio Ambiente ultima el lanzamiento de un 'Plan de saneamiento y depuración, 2006-2015', que incluye la realización de más de 2.000 actuaciones. Entre ellas, destaca la construcción de un número significativo de plantas depuradoras, aún sin determinar, en los principales núcleos urbanos del país.

En cuanto a la financiación, el Gobierno central sólo tiene previsto aportar unos 3.000 millones de euros, destinados a aquellas obras consideradas de interés general. El resto de la inversión procederá de los fondos de la Unión Europea, de las administraciones territoriales y, probablemente, del sector privado.

El Ejecutivo contempla trasladar los sistemas de colaboración público-privados, utilizados con frecuencia en la financiación de las redes de transporte, al plan de saneamiento y depuración. En un informe al que ha tenido acceso Expansión, los responsables del Ministerio de Medio Ambiente dejan entrever esta posibilidad. Según el documento: “A la cantidad del plan (20.000 millones de euros) habría que sumar un porcentaje de entre el 10% y el 15% en concepto de gestión, mantenimiento y explotación, verdadero caballo de batalla de las Administraciones públicas”.

Desde la óptica del Gobierno, la implantación de un canon ligado a la gestión de las infraestructuras y a los costes de funcionamiento de las nuevas instalaciones es fundamental. En el citado informe, Medio Ambiente insiste en que “los nuevos convenios bilaterales (entre la Administración central y la territorial) deben plantear la exigencia clara de establecer un canon de saneamiento que, al menos, cubra una parte importante de los costes de funcionamiento de las instalaciones de saneamiento y depuración”.

En la terminología medioambiental, el Ejecutivo quiere implantar el principio de 'quien contamina paga', a todos los usuarios del servicio. Las Comunidades Autónomas que ya cuentan con este recargo (Navarra, Cataluña o Murcia) facturan a los usuarios finales un canon que oscila entre los 0,19 euros por metro cúbico y los 0,40 euros. El objetivo es extender el pago al conjunto de España. Los contribuyentes madrileños serán, probablemente, los que más notarán los efectos de este cambio, ya que, según los cálculos oficiales, la región necesita inversiones por valor de 3.500 millones para modernizar su red de saneamiento y de depuración.

Las 150 industrias agroalimentarias con actividad en España, las que más vertidos realizan a los cauces de los ríos, también están en la lista del Gobierno para financiar el plan. Según Medio Ambiente: “El mensaje es que el esfuerzo es de todos: administraciones, empresas y usuarios”.

El plan nacional de calidad de las aguas es consecuencia de la aplicación de la nueva directiva marco del agua y de completar los objetivos incumplidos durante el periodo 1995-2005. Los responsables de Medio Ambiente justifican la necesidad de abordar esta inversión multimillonaria enfrentándola a los planes de otros departamentos ministeriales, mucho más costosos. “La inversión prevista anual de 1.974 millones de euros representa el 0,22% del PIB, mientras que la del PEIT del Ministerio de Fomento supone el 1,2% del PIB, cuando la presión que se ejerce sobre las administraciones ambientales es considerablemente mayor”.

Fuente informativa: Expansion.com

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