El Gobierno vigilará a las 250 empresas con los mayores índices de siniestralidad
En declaraciones a los periodistas antes de presidir la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, aseguró ayer que “esta medida nace a raíz de los acuerdos adoptados en esta Comisión, que reúne a representantes de la Administración del Estado, comunidades autónomas, empresarios y sindicatos”.
Según Caldera, con esta iniciativa se pretende llevar a cabo una programación 'específica y concreta' en el ámbito territorial de cada comunidad autónoma, dirigida a las empresas y actividades que ostentan los mayores índices de siniestralidad, 'fundamentalmente en el sector de la construcción'.
Además, Caldera también anunció que ha pedido al Comité Mixto, formado por el Ministerio de Trabajo y las comunidades autónomas, que 'elaboren un programa urgente de trabajo en materia de cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales', con el objetivo de reducir la siniestralidad.
En este sentido, Caldera dijo que la Comisión Nacional de Seguridad y Salud acordará la realización de una campaña de sensibilización de ámbito estatal, para promover el desarrollo de una cultura y conducta preventiva, frente a las causas que generan los accidentes de trabajo.
El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales también reveló que impulsará el desarrollo de acciones específicas dirigidas a colectivos especiales -entre ellos los trabajadores inmigrantes-, 'que permitan la aplicación más eficaz de sus derechos a la protección y salud en el trabajo'.
Caldera indicó que encargará al Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo un estudio, junto con la Dirección General de Tráfico (DGT), sobre los accidentes de trabajo que se producen en la carretera ya que, según el ministro, 'del total de accidentes laborales mortales, el cuarenta por ciento se producen en estas circunstancias'.
Reiteró el 'total compromiso' del Ejecutivo para reducir la siniestralidad laboral 'tras el repunte experimentado este año', así como 'la disposición del Gobierno de facilitar a los interlocutores sociales de todos los instrumentos necesarios para acabar con esta situación'.
Fuente: Efe.
