El Ministerio de Vivienda pretende promover y extender socialmente la vivienda protegida en España
La ministra de Vivienda, Carme Chacón, propone diversas medidas de financiación para mejorar el acceso de los ciudadanos a las viviendas protegidas tanto en arrendamiento, como en propiedad, según el borrador de reforma del Real Decreto 801/2005, por el que se aprueba el Plan Estatal de Vivienda 2005-2008. Así, en materia de VPO destinada al alquiler, Vivienda prevé aumentar los precios de venta de estos inmuebles con el fin de estimular su promoción. Para ello, el Ministerio quiere unificar “los precios máximos de venta de las viviendas protegidas”, una vez que hayan transcurrido diez años desde su calificación definitiva.
De este modo, el 50% de una promoción de VPO destinada a arrendamiento, y que haya sido calificada como tal a 25 años, podrá entrar en el mercado de compraventa en las mismas condiciones que una calificación a 10 años –al doble de su precio inicial de salida más el IPC correspondiente–. Es decir, a mayor precio que el actualmente vigente. Asimismo, pretende ampliar de tres a cuatro años el periodo de carencia de los préstamos concedidos a este tipo de promociones.
De hecho, podrá ser “ampliable hasta 10 años para las viviendas a ese plazo, o incluso para las de 25 años, en la proporción del 50% de las mismas”. De igual modo, las viviendas de segunda mano, que sean adquiridas para arrendar bajo régimen de protección, podrán asimilar sus rentas máximas a las de las viviendas protegidas de renta concertada, “más elevadas que las correspondientes a las de renta básica (VPO), que son la actual referencia”, aclara. Y ello, “sin perjuicio de que los incentivos continúen siendo los establecidos actualmente”.
Por otra parte, el Gobierno mejorará las ayudas a los propietarios de viviendas libres para arrendar. En la actualidad, se trata de subvenciones destinadas a los propietarios de pisos vacíos, cuya superficie no exceda de 120 m2 útiles, que pueden percibir una renta máxima anual del 5,5% superior al precio máximo legal de referencia del inmueble en cuestión. Sin embargo, esta reforma elimina la limitación de superficie máxima y eleva el importe de la renta a cobrar por el propietario.
Asimismo, se adoptan medidas para flexibilizar el precio de las viviendas usadas, con el fin de que más inmuebles sean susceptibles de recibir ayudas públicas. Es decir, se aumenta el precio máximo de las viviendas libres de segunda mano a las que los compradores pueden optar mediante subvención.
Además, se reduce a un año, en vez de los dos actuales, el periodo tras el cual, al no haberse vendido una vivienda libre, podría ser objeto de adquisición protegida en el marco del plan estatal. Así, se fomentaría la venta de aquellas viviendas de nueva construcción que, debido a “la nueva situación inmobiliaria”, tardan en venderse.
Precio tasado
Por último, contempla la extensión de la vivienda de precio tasado (VPT) y crea la modalidad de “áreas de renovación urbana”, que facilita la financiación pública de nuevas viviendas. Sobre todo, si una parte de las promociones “se dedica al alquiler”, según el texto.
Los promotores ven con buenos ojos la implantación de estas medidas. Así, según la APCE (Asociación de Promotores Constructores de España): “Es una reforma positiva, ya que hará viable la promoción y adquisición de VPO”.
Fuente informativa: Expansión.
