La CNC y la APCE presentan un estudio sobre las responsabilidades en materia de seguridad y salud en la construcción
El resultado fue el Informe 'Responsabilidades en materia de Seguridad y Salud Laboral', que fue presentado ayer martes por la mañana a los medios de comunicación. La inauguración del acto corrió a cargo de Salvador del Rey, director del Informe y socio de Cuatrecasas. Posteriormente se mantuvo un coloquio con los medios, en el que intervinieron los representantes de todas las entidades que promueven este Informe: Juan Lazcano, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) y vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos, José Manuel Galindo, presidente de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE), José Antonio Otero, presidente del Consejo General de la Arquitectura Técnica, y Carlos Hernández, presidente del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España.
La presentación oficial del Informe tuvo lugar por la tarde en el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene, en un acto presidido por Maravillas Rojo, secretaria general de Empleo del Ministerio de Trabajo e Inmigración, a la que se le pidió una reforma legal del sistema de responsabilidades en el ámbito de la prevención de riesgos laborales.
Incumplimiento de la normativa
Respecto a la cuestión de si es eficaz nuestro ordenamiento jurídico para prevenir los riesgos laborales y dejando claro que prevenir adecuadamente los riesgos laborales exige un sistema de responsabilidades que identifique y sancione convenientemente a los infractores, el informe concluye que desde 1995 nuestro ordenamiento jurídico, aunque ha ido incorporando las diferentes obligaciones y medidas que en esta materia ha promulgado la UE, también “se ha dotado de un sistema acumulativo y desordenado de asignación de responsabilidades por incumpliento de dicha normativa que no sólo no parece el más efectivo, sino que se caracteriza por una enorme complejidad”.
Una de las aportaciones más interesantes es un análisis de cómo se contemplan los diferentes sistemas de responsabilidades en este ámbito, en cada normativa de los principales países de la UE –Francia, Portugal, Italia, Alemania, Reino Unido y España- más Estados Unidos, detallando su alcance en cada país por medio de una serie de parámetros: la responsabilidad penal, la administrativa, el recargo de prestaciones, la responsabilidad civil, la Seguridad Social (la Workers´Compensation en EE.UU.) y las jurisdicciones competentes, teniendo en cuenta, además, las numerosas excepciones regulatorias existentes en muchos de estos países. En cuanto a las jurisdicciones competentes hay dualidad en todos los países menos en España, Francia y Portugal, donde concurre una mayor pluralidad de competencias. Por último, existen diferentes niveles de cotización a la Seguridad Social en función de la siniestralidad –el llamado bonus/malus- en todos los países y, aunque existe en España, su aplicación es poco menos que testimonial.
Además de evidenciar las singulares deficiencias de la ordenación actual del sistema de responsabilidades, este Informe presenta propuestas concretas de reforma con la intención de que sirvan de base para abrir un profundo debate que concluya en iniciativas consensuadas y eficaces para mejorar en la prevención de accidentes. Se refieren tanto a la responsabilidad penal, administrativa o civil como al recargo de prestaciones, al ámbito jurisdiccional, a la mejor prevención de riesgos laborales, a la negociación colectiva y a la participación de las Mutuas de Accidentes de Trabajo (Matep), finalizando con algunas propuestas concretas para el sector de la construcción. Este Informe considera, asimismo, que debe modificarse la normativa actual dando a la responsabilidad penal un carácter subsidiario, ordenando la responsabilidad administrativa con criterios más sensibles a las actuaciones empresariales previas y reconsiderando en algunos supuestos el carácter punitivo del recargo de prestaciones de la Seguridad Social.
Policía Judicial especializada
En primer lugar se propone un cambio de modelo reconduciendo al ámbito administrativo sancionador los hechos que actualmente se consideran faltas y dejando al ámbito penal exclusivamente las situaciones y comportamientos que se califican como delitos. Propone que se cree una Policía Judicial y una Inspección de Trabajo especializada que actúen única y exclusivamente en materia de seguridad y salud laboral, y que se modifiquen los actuales criterios de graduación en las sanciones por otros que tengan en cuenta no sólo el factor de reincidencia, sino también el índice de siniestralidad de la empresa dentro de la media de su sector.
La propuesta más novedosa -que sin duda será objeto de polémica, pero que responde al necesario equilibrio de la normativa y a la experiencia en este campo- es que se debe incorporar al trabajador que infringe la normativa de seguridad y salud laboral como sujeto responsable. También se propone anular o reconsiderar la institución del recargo de prestaciones de la Seguridad Social que en la actualidad genera una importante distorsión y que sobredimensionando las responsabilidades, a menudo no puede superar los eventuales problemas de insolvencia empresarial. Debería transformarse permitiendo su aseguramiento y relacionar su imposición con carácter punitivo con las ratios de siniestralidad históricas de la empresa. Otra propuesta es trasladar en las obras a nuestro ordenamiento la figura del “encargado de seguridad” –tal como existe en Alemania- para todas aquellas empresas de más de 20 trabajadores. Por último, se sugiere perfeccionar las medidas de control de la aptitud del profesional para el desarrollo sin riesgos de su trabajo, lo cual es en la actualidad sumamente conflictivo.
Fuente informativa: Elaboración propia.
