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Los fabricantes de cemento denuncian que la nueva reforma energética condena a la industria a desaparecer

“La electricidad en España ya es hoy un 17% más cara para la industria. Con la nueva reforma esta diferencia aumentará de forma insostenible”, apunta Oficemen

Noticia del sector

La Agrupación de fabricantes de cemento de España (Oficemen) lanza un comunicado para manifestar su descontento con la recién anunciada reforma energética. Oficemen considera que “las medidas tomadas por el Gobierno condenan a la industria cementera a su desaparición, al impedirle ser competitiva en los mercados internacionales donde el sector cementero se afana por colocar sus productos en una lucha desigual con otros productores y socios europeos”.

También adviertan que  esta reforma supone un importante incremento del coste eléctrico que alcanza la máxima diferencia histórica entre lo que cuesta la electricidad en España y en algunos países de la Unión Europea. “La electricidad en España ya es hoy un 17% más cara para la industria. Con la nueva reforma esta diferencia aumentará de forma insostenible”, apuntan.

Para el sector cementero, este aumento “dinamita peligrosamente su competitividad en los mercados internacionales, perjudicando su eficiencia a la hora de competir en un mercado global en el que el resto de países no ponen tantas trabas a la industria, ni la gravan con sobrecostes desproporcionados”.

Oficemen se queja, principalmente, de la anunciada revisión del sistema de interrumpibilidad mediante el cual las empresas con alto consumo eléctrico, ante un incremento de la demanda de electricidad, paran procesos productivos  y desvían su potencia eléctrica a los hogares u otros servicios básicos para que no sufran un apagón.

En la nueva reforma, el Ejecutivo plantea reducir este servicio por el que las empresas actualmente reciben una contraprestación.

El director general de Oficemen, Aniceto Zaragoza, señala que “no podemos permitir que las medidas que se adopten reduzcan la capacidad exportadora de nuestra industria. Queremos colaborar con el Gobierno para establecer un sistema de interrumpibilidad que respete los acuerdos alcanzados anteriormente y las inversiones realizadas”.


 

 

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