Los inmigrantes víctimas de un accidente laboral y que lo denuncien podrían ser regularizados

Según De Oña: 'El inmigrante víctima de algún tipo de infracción en las medidas de seguridad de la que se derive una acción sea penal, sea con resultado lesivo o de riesgo, debería ser regularizado'. En este caso, el trabajador inmigrante que apareciese como denunciante podría ser propuesto por el fiscal para ser regularizado como compensación por las condiciones de trabajo a las que se ha visto sometido.

En una entrevista concedida a Europa Press Televisión, De Oña señaló que “ésta es una de las medidas planteadas para conseguir reducir las cifras de siniestralidad laboral en España entre los trabajadores inmigrantes, uno de los colectivos donde los accidentes tienen una mayor incidencia”.

Por otro lado, 'frente a las empresas incumplidoras, se ha adoptado la decisión de hacer públicas, en los casos importantes, las acusaciones o sentencias condenatorias dictadas contra un determinado centro de trabajo donde no se ha respetado la normativa de prevención de riesgos laborales'.

Esta iniciativa se origina paralelamente a la de poner en marcha una campaña específica sobre las empresas de alta siniestralidad de ámbito supraautonómico, por parte de la Comisión Nacional de Salud y Seguridad y que afectará a 257 empresas de distintos sectores que tienen la característica de tener un alto índice de siniestralidad en comparación con empresas del mismo sector.

Para De Oña: “Una campaña de estas características tiene que ser acogida favorablemente, puesto que si el no tener accidentes es un distintivo de calidad, y se destaca como algo positivo, también habrá que resaltar lo negativo'. Según afirmó, el objetivo que persigue como fiscal de Siniestralidad Laboral es el de “lograr que la posible sanción penal que pueda derivarse de un accidente laboral tenga un efecto disuasorio sobre las empresas incumplidoras, y su papel, el de promover la acción de la justicia para que la ley se aplique en toda su eficacia'. En su opinión: “La sanción económica que se impone desde el ámbito administrativo resulta insuficiente para reducir el número de accidentes laborales, entre los que España se sitúa en el pelotón de cabeza de la UE”.

Fuente de los datos: Europa Press.