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Patronal y sindicatos de la construcción reclaman la modificación de la Ley de Desindexación y la Ley de Contratos del Sector Público

En un encuentro informativo celebrado en la sede de la CNC, insistieron en la necesidad de reformar ambas leyes con el objeto de corregir los efectos negativos que están produciendo en las contrataciones

Noticia del sector

La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) y las organizaciones sindicales sectoriales, CCOO del Hábitat y UGT FICA  reclamaron al Gobierno, en una comparecencia conjunta, una modificación de la Ley de Desindexación y de su correspondiente referencia en la Ley de Contratos del Sector Público, ante el aumento de los costes en la construcción que han provocado, entre otros efectos negativos, que el 10% de las licitaciones y el 21% de las concesiones administrativas quedaran vacías, según los últimos datos de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación del Ministerio de Hacienda (Oirescon). 

En el encuentro informativo celebrado en la sede de la patronal, el pasado 30 de enero, el presidente de la CNC, Pedro Fernández Alén, y los secretarios generales de CCOO del Hábitat y UGT FICA, Daniel Barragán y Mariano Hoya, respectivamente, insistieron en la necesidad de modificar ambas leyes para corregir esta situación que está afectando a las contrataciones públicas en general y, más concretamente, a las que se producen en el sector de la construcción.

El problema de este incremento en el número de licitaciones desiertas viene dado por el incremento de los costes de los materiales usados en las obras y el precio de la energía como consecuencias excepcionales como han sido la pandemia, la invasión de Ucrania, el alza desmesurado del precio de la energía, así como la escasez, y en consecuencia, encarecimiento, de materiales básicos.

En este sentido, Pedro Fernández Alén denunció que el coste del consumo de los materiales ponderado en la construcción se ha incrementado entre 2020 y 2021 tanto como subió desde 2007 hasta 2020, mientras que el índice de los precios de la energía creció un 38% entre enero y agosto de 2022, frente al 3% que se incrementó entre 2005 y 2020.

Según Fernández Alén, el sector corre riesgo de perder las inversiones de los fondos Next Generation: “2022 y 2023 son el bienio de oro de la licitación pública —con 30.074 millones de euros en 2022 y 25.300 millones licitados en 2023 hasta noviembre— y, si 2024 continúa como hasta ahora, podremos estar hablando de un trienio de oro”. Para hacer frente a esta situación, el presidente de CNC reclamó “volver al modelo anterior a 2015”, en referencia al año de entrada en vigor de la Ley de Desindexación, y establecer un sistema de revisión de precios estable, "elevando el límite revisable del 20% al 30%, y que se tenga en cuenta la situación de los costes en el último momento de presentación de la oferta".

Consecuencias para los trabajadores 

Por su parte, Daniel Barragán, secretario general CCOO del Hábitat, señaló que “la Ley de Contratación Pública tiene carencias, no es solo la desindexación, no es normal que se hagan subastas a la baja y acabemos con márgenes de beneficio irrisorios en contratos que son largos y acaben sufriendo las plantillas”. 

“En construcción el problema es la subida de costes, sobre todo energéticos, que encorsetan la negociación colectiva y el diálogo social y que pueden poner en peligro a empresas que no tienen músculo suficiente. Los que acaban pagando son los trabajadores y trabajadoras y acaba siendo un drama”, recalcó Barragán, quien incidió: "No estamos aquí para hablar de la revisión de precios, sino de un paquete de medidas, con el único objetivo de garantizar el futuro laboral de la clase trabajadora, como son una Ley de Contratación Pública ética y licitaciones justas sin bajas temerarias que pongan en riesgo el pago de salarios y la merma de derechos de las los trabajadores”.

En este sentido, Mariano Hoya puso el acento fundamentalmente en la Ley de Contratos del Sector Público, que está fomentando una competencia muy dura entre las empresas por hacerse con los contratos de obras públicas que, con frecuencia, tiran las adjudicaciones a la baja, y ganan concursos de obras y servicios públicos que son esenciales para los ciudadanos, devaluando estos servicios. “Estas prácticas merman la calidad del servicio y del empleo y suponen perjuicios para la salud y seguridad de las personas trabajadoras”.

El secretario general de UGT FICA aseguró que “la negociación colectiva no debe ser un elemento que afecte a la desindexación porque se supone que la empresa que licita un servicio público por varios años de duración, debe prever que durante ese periodo tendrá que subir los salarios a sus trabajadores y trabajadoras”.

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